Jueves, 29 de junio del 2017

Caso Odebrecht: trabajadores en crisis tras perder sus empleos

Caso Odebrecht: trabajadores en crisis tras perder sus empleos | Actualidad Proveedores también se encuentran en problemas pues tampoco se han cumplido con sus pagos

Caso Odebrecht. Foto: Andina

Proveedores también se encuentran en problemas pues tampoco se han cumplido con sus pagos

Cuando un huaico arrasó Chosica y Chaclacayo, hace tres meses, Rosemiro Alarcón Flores perdió la casa de adobe en la que vivía con su familia y las pocas pertenencias que había logrado adquirir con el fruto de su trabajo. Un empleo  que además acababa de perder debido a la paralización de la obra en la que trabajaba: la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, un proyecto entregado en concesión por la Municipalidad de Lima al consorcio Rutas de Lima y cuya operación estaba a cargo de la empresa Odebrecht. Ahora ésta última está involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas.

Francisco Coca Ramos, otro trabajador de Odebrecht que se desempeñaba como obrero en la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, también vio como de pronto el embate de las aguas y el lodo reducían su casa a nada.

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Como decenas de ex trabajadores de Odebrecht que hasta mediados de febrero trabajaban en esta obra, Francisco y Rosemiro viven desde hace tres meses en carpas que les donó la Municipalidad de Lima. En condiciones insalubres, sin trabajo y ya casi sin esperanza, sobreviven gracias a las donaciones que cada vez con menor frecuencia llegan hasta esta zona olvidada.

Pero ellos no solo fueron víctimas fortuitas del desolador huaico que destruyó todo a su paso a mediados de marzo, sino que al mismo tiempo son damnificados del caso Odebrecht. Cuando la onda expansiva del caso Lava Jato golpeó al Perú en diciembre del año pasado, una de las principales preocupaciones era qué sucedería con las obras que estaba ejecutando y con aquellas en las que tenía participación.

Al mismo tiempo, se empezó a diseñar un mecanismo que evitara que Odebrecht vendiera todos sus activos en el Perú y se fuera del país sin pagar una reparación civil al Estado. El 13 de febrero, el Ejecutivo promulgó el polémico Decreto de Urgencia 003-2017, una norma en virtud de la cual todo lo obtenido producto de ventas o transferencias de activos pasa a un fideicomiso que nadie puede tocar hasta que se determine el monto de la reparación civil.

Con la empresa atada de manos para disponer del dinero de sus arcas, el primer efecto del decreto fue la paralización de las obras que Odebrecht tenía a su cargo. Y el subsecuente despido de miles de trabajadores a los que de la noche a la mañana dejó de pagar.

Pero los obreros de las obras paralizadas  no son el último eslabón afectado con la ruptura de la cadena de pagos. El efecto dominó llega todavía más lejos. Rocío Alvarado no trabajaba directamente para Odebrecht ni para alguno de sus proveedores. Ella se ganaba la vida vendiéndoles comida a los trabajadores. Por eso se quedó sin ingresos cuando se detuvo la obra y actualmente es la encargada de cocinar y administrar la olla común con la que subsisten las más de 20 familias que sobreviven en este campamento de damnificados en Las Brisas de Carapongo.

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Además de los extrabajadores de Odebrecht, sus proveedores también se encuentran asfixiados económicamente. La empresa brasilera les debe nada menos que 37 millones y medio de soles a los 247 proveedores de Rutas de Lima. El 15 de febrero, la empresa Crushing & Screening terminó de instalar esta planta de chancado de piedra valorizada en más de 2 millones de dólares para elaboración de la capa asfáltica de la autopista Ramiro Prialé. Al día siguiente se detuvo la obra. Y un mes después, el huaico afectó seriamente sus instalaciones.

Los proveedores de Odebrecht estiman que el problema de falta de pagos de la empresa ha dejado en la calle a aproximadamente 40 mil trabajadores solo en Rutas de Lima. Cuarenta mil familias que de la noche a la mañana se quedaron sin sustento.

La empresa brasileña ha señalado que no ha podido cumplir con los pagos a sus proveedores por dos motivos: el retraso de la venta del proyecto Olmos y los embargos ejecutados por la Sunat. Cuando el gobierno publicó el Decreto de Urgencia 003, el ente tributario intervino la cuenta de Odebrecht y embargó el dinero que tenía destinado al pago de proveedores.

Según la Sunat, hasta el momento los embargos suman alrededor de 150 millones de soles: 26 millones en efectivo y el resto en bienes. El representante de los proveedores asegura que la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo con aquella para entregarle maquinaria y otros bienes a cambio de recuperar el efectivo que necesitaban pagar sus deudas, pero que Sunat finalmente desconoció dicho acuerdo.

Sunat señala que la deuda tributaria de Odebrecht ya bordea los 100 millones de soles y por ese motivo le es imposible devolver lo incautado pues deben asegurar el cobro del monto final. Mientras tanto, la cadena de pagos sigue fracturada en todos sus niveles.

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La justificación del decreto de urgencia 003 señala que su objetivo es evitar que se paralicen las obras e impedir que se rompa la cadena de pagos. Pero su efecto ha sido el inverso. Además, hay un proyecto de ley que de aprobarse extendería su aplicación también a las empresas peruanas que se asociaron con Odebrecht.

La ruptura de la cadena de pagos de Odebrecht ha afectado a proveedores y a trabajadores, pero también a los usuarios de las vías que Rutas de Lima estaba construyendo, como el intercambio vial de la avenida El Derby y el de la autopista Ramiro Prialé, puntos en los que la congestión vehicular puede ser una verdadera pesadilla. Finalmente, los afectados por el caso Odebrecht no son solo las empresas y personas que trabajaban directamente en las obras, sino que la paralización de éstas nos ha convertido de alguna manera a todos en damnificados.