Coronavirus: Defensoría plantea recomendaciones para disminuir hacinamiento en cárceles

Defensoría del Pueblo indica que se deberían realizar cambios en la normativa que regula la prisión preventiva

Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre situación de penales.

La Defensoría del Pueblo recomendó una serie de medidas para reducir el hacinamiento en los penales del país en el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria ante los casos de coronavirus.

A través de un segundo informe al respecto, se señala que el hacinamiento constituye el principal hecho que afecta los derechos humanos de los privados de libertad e indica que en el Perú el hacinamiento alcanza 140 %. 

La Defensoría manifiesta la necesidad de emprender acciones urgentes que atiendan de forma célere este problema, dado el grave riesgo de masificación del contagio presente en nuestras cárceles.

Recuerda que, según el Instituto Nacional Penitenciario, a la fecha 3 agentes penitenciarios y 3 internos han fallecido a causa del COVID-19.

Se recomienda la modificación al procedimiento de evaluación y concesión de las gracias presidenciales, a fin de atender los casos de internas e internos con sentencias menores a 4 años de pena y los que se encuentran en situación vulnerable como adultos mayores, enfermos, mujeres con hijos en cárcel, entre otros.

Además de “ampliar las posibilidades de acceso a la conversión de pena” siempre que se trate de delitos leves, bajo los mismos requisitos exigidos al día de hoy para la omisión de asistencia familiar.

La Defensoría del Pueblo apunta también a “realizar cambios en la normativa que regula la prisión preventiva a fin de establecer que los jueces deben evaluar el impacto del COVID-19 en la salud de las y los inculpados”.

Igualmente se sugiere que se faculte a la defensa pública a presentar pedidos de conversión de pena y cese de prisión preventiva en casos de personas vulnerables y siempre que se trate de delitos de bajo daño social. “La institución considera imprescindible se mejore la regulación de la vigilancia electrónica y se subvencione su costo”, asevera el documento.

Finalmente, se señala que el informe sienta sus bases en lo previsto en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos y en diferentes pronunciamientos emitidos por organismos encargados de su custodia.

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