Viernes, 24 de noviembre del 2017

Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría

Contralor Edgar Alarcón. Foto: Andina

Cuestionamientos no son solo contra Alarcón, otros altos funcionarios habrián incurrido en irregularidades

Mientras las denuncias en contra de Edgar Alarcón continuaban, otros tres auditores tomaron la decisión de sumarse a los denunciantes Walter Grados y Juan Gastelo, y contar sus experiencias como auditores y jefes de control interno. A diferencia de sus colegas, los nuevos auditores apuntan no solo al contralor de la República, sino, además, a algunos de los miembros más connotados de la plana mayor de la Contraloría.

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Los auditores revelarán por primera vez que recibieron presiones y fueron removidos de sus puestos cuando realizaban investigaciones y auditorías incómodas, y narrarán hechos inéditos que pondrán en entredicho a la cúpula de la Contraloría.

Julio Sifuentes Reyes fue un auditor que en el 2014 se hizo conocido por denunciar públicamente un presunto fraude en la Caja Metropolitana durante la gestión municipal de Susana Villarán. Pero entre el 2009 y el 2012, en tiempos de Fuad Khoury como contralor, Sifuentes tuvo un puesto clave en la Gerencia de Auditorías Financieras, donde tenía a su cargo la recepción y revisión de las auditorías externas.

El caso Agrobanco

En el año 2009, según señala, empezó a recibir presiones de dos altos funcionarios, el actual vicecontralor Oswaldo Yupanqui Alvarado y el actual gerente central de Calidad, Paco Toledo Yallico, para cambiar un dictamen sobre Agrobanco, que en el 2006 había entregado el auditor externo Edgar Garay.

Según el dictamen del auditor externo Edgar Garay, los estados financieros de Agrobanco no contemplaban operaciones por un total de S/. 21 millones que a través de un decreto de urgencia había transferido el gobierno central para financiar créditos en cadenas productivas de la pequeña y mediana agricultura.

Cuarto Poder buscó corroborar la versión de Sifuentes y buscó al auditor Edgar Garay Callalli, de la sociedad auditora Garay Asociados. El contador confirmó la versión.

“Las presiones surgen a fin de que yo cambie el dictamen (…) Prácticamente se generó el problema desde la fecha de emisión del dictamen, hasta algunos años, un par de años atrás”, contó Garay.   

Garay también menciona a los dos altos funcionarios que señaló Sifuentes, como los que presuntamente ejercieron presión para el cambio de su informe. Me han seguido insistiendo que yo cambie el dictamen, eso es lo grave. El señor Yupanqui no sé qué poder tenía en ese momento y no sé qué venganza personal tiene conmigo y con la sociedad”, dijo.

A través de una comunicación remitida a Cuarto Poder, la Contraloría señaló que nunca presionó a Garay y que el problema con los fondos observados en su informe fueron una controversia sobre la naturaleza de los mismos, más no una irregularidad. El caso es que luego del problema por Agrobanco, Garay se topó con uno más complicado aún.

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“Se sumó a este problema otro tema relacionado al Banco de Materiales. El siguiente ejercicio, 2007, me tocaba auditar el Banco de Materiales”, indicó Garay. Como se recuerda, el del Banco de Materiales fue uno de los primeros escándalos de corrupción detectados en el segundo gobierno de Alan García. Cuarto Poder reportó aquel año el hecho y el auditor Garay fue pieza clave de la denuncia.

Como era previsible, la relación entre el auditor y la Contraloría se rompió de mala forma. La Sunat declaró a la empresa auditora de Garay deudora tributaria y fue retirada por la Contraloría del registro de sociedades auditoras del sistema de control.

El año pasado la sociedad auditora Garay logró que la Contraloría le levantara la sanción y volvió al sistema de control. Esta situación, sin embargo, no amilana a Edgar Garay de opinar sobre la posibilidad de que el actual vicecontralor Oswaldo Yupanqui asuma la conducción principal de la institución en caso Alarcón sea retirado del cargo.

Gobierno regional del Callao

Rafael Cussianovich Rodríguez, tiene quince años de experiencia como auditor de la Contraloría, doce de los cuales como jefe de control interno de varias instituciones públicas, dos de ellas, el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Defensa. El ingeniero Cussiánovich debe ostentar el récord de permanencia en el Callao, pero por durar poco.

Ocurrió a fines del año 2012, Cussiánovich y su equipo del OCI Callao habían descubierto que el gobierno regional de Félix Moreno había construido e inaugurado canchas de fulbito de grass sintético sin haber realizado el debido proceso de selección de la empresa o las empresas constructoras.

“Nosotros regresamos a los días de la primera visita, y se habían retirado las placas. Le preguntamos a la directora de un colegio y nos dijo: “han venido del gobierno regional y dicen que las van a limpiar. Simplemente estaban quitando las pruebas que nosotros ya teníamos”, mencionó Cussiánovich.

Cussiánovich narra que se dirigió a la sede de la Contraloría llevando consigo las fotos de las canchas inauguradas, y allí consiguió la promesa de apoyo para su trabajo de uno de los funcionarios. Recuerda incluso el día que ocurrió.

“El contralor firma una carta al señor Moreno indicándole que el señor Rafael Cussiánovich, a partir de tal fecha, ya no es jefe de OCI. Ese documento llegó a las 9 de la mañana del lunes al gobierno Regional del Callao, lo cual significa que el motociclista, o el carro, salieron a las 8 de la mañana de la Contraloría. Y ese documento, ¿cuándo preparó? (…) Yo supongo que ya venía mi cambio, porque, como le repito, donde usted pone el dedo salía infectado ese gobierno regional”, mencionó Rafael Cussiánovich Rodríguez, ex auditor interno.

Así acabó la aventura chalaca de este auditor, hijo de quien fuera contralor del segundo gobierno de Fernando Belaunde, Miguel Ángel Cussiánovich. “Alarcón, un poco justificando mi cambio o protegiéndome, entre comillas, porque él obedecía las órdenes y era el ejecutor del contralor, me dice: vas a trabajar conmigo”, mencionó Cussiánovich.
 
Ministerio de Defensa

En febrero del 2013 el auditor volvió a la acción tras ser designado jefe del Órgano de Control Interno del Ministerio de Defensa. Allí se topó, de acuerdo a su relato, con presuntas irregularidades en la reparación de los motores de un lote de aviones Antonov, de la Aviación del Ejército.

“El problema que se detectó, o la irregularidad, fue que los mecánicos de la empresa Trepsa no entraron, ni en cantidad ni en las horas, a hacer el trabajo. El trabajo lo hacían los técnicos y mecánicos de la Aviación del Ejército […] Lo probamos porque hay un cuaderno de control de terceros (…) Nosotros revisamos esos cuadernos, del 2009 al 2012, y evidenciamos que no habían entrado, no habían hecho el trabajo en las fechas ni en otras fechas que decían que se habían hecho”, explica Rafael.

Indica que también encontró deficiencias en la construcción de bases antisubversivas en el VRAE, y problemas en una compra de visores nocturnos. Él asegura que ello le valió ser nuevamente removido del puesto un año después, febrero del 2014.

La Contraloría ha señalado en oficios remitidos a Cuarto Poder que ni Alarcón, ni Yupanqui ni Toledo han ejercido presión alguna.

Chiclayo

Pero no son los únicos altos funcionarios cuestionados. Otra es la actual secretaria general de la Contraloría, Elsa Marchinares Maekawa, mano derecha de Alarcón, a quien acompañó en la entrevista que sostuvo con Cuarto Poder, y en la célebre reunión con el ministro de Economía Alfredo Thorne. Ella ha sido denunciada por un ex jefe de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, José Miranda Plasencia, quien fue precisamente el antecesor en el cargo de Juan Gastelo, el ex jefe de control interno que denunció en Cuarto Poder que el hoy preso alcalde de Chiclayo Roberto Torres y dos funcionarios ediles fueron recibido por el asesor del contralor Haward Chang.

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El exauditor Miranda denunció en mayo del 2016 a la secretaria general de la Contraloría y a otros cuatro funcionarios de la sede de control de Trujillo por el alquiler presuntamente sobrevalorado de la sede institucional en esa ciudad. Miranda les imputa los delitos de negociación incompatible y colusión. Como informó la Contraloría a Cuarto Poder, una fiscalía provincial anticorrupción de Lima archivó la denuncia, pero ante la apelación del propio denunciante y de la Procuraduría Anticorrupción, la Cuarta Fiscalía Superior Anticorrupción enmendó la plana al fiscal provincial y el 31 de enero pasado anuló el archivamiento, por lo que la investigación contra la secretaria general continúa su curso.

Walter Grados, Juan Gastelo, Julio Sifuentes, Rafael Cussiánovich y Edgar Garay. Ya son cinco los exauditores y jefes de control interno que dan la cara para poner en cuestión la integridad del contralor, pero también de algunas de las más altas autoridades de la Contraloría. Hay más, por cierto, pero que prefieren mantenerse en el anonimato.