Financiamiento ilegal de partidos políticos: la ley que genera discrepancias

La apurada aprobación de la ley contra el financiamiento ilegal de partidos políticos no solo ha provocado un rechazo casi generalizado, sino también, ha dejado en evidencia una vez más las grietas en el fujimorismo.

La condena se eleva a entre cinco y quince años cuando el dinero es superior o equivalente a 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, más de dos millones de soles. Además, la norma crea la figura de un oficial de cumplimiento designado por la ONPE “cuyas opiniones de ser atendidas, liberan de responsabilidad penal, civil y administrativa a las organizaciones políticas y a sus integrantes”.

Para muchos, la ley termina beneficiando a aquellos que incurren en este tipo de delitos, ya que reducen las penas previstas en la figura del lavado de activos y que eleva la pena hasta en 20 años de cárcel. Además, la horma en la que el texto ha sido redactado limitaría la penalidad a aquellos casos en los que se pueda demostrar que el receptor del dinero sabía o presumía de la naturaleza ilícita de los fondos.

Lo dice el abogado penalista César Azabache, quien fue uno de los especialistas que acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para asesorar en la elaboración de una ley que recogiera las recomendaciones de la comisión anticorrupción. Él sostiene que nada de lo discutido entonces ha sido recogido en esta incorporación al Código Penal.

La figura del oficial del cumplimiento designado por la ONPE y el poder que tiene para eximir de responsabilidad penal a las organizaciones políticas entra en el terreno de las atribuciones del Ministerio Público.

¿La norma podría ser retroactiva? La suspicacia fue planteada teniendo en cuenta que Keiko Fujimori, así como el expresidente Ollanta Humala, viene siendo procesada por este delito.