Búnker de Pachacamac: Habla la jueza que liberó integrantes de presunta organización

Le pidieron que resolviera y resolvió. Se llama Leny Zapata Andía, está en el ojo de la tormenta y ha decido dar la cara. Se rompe y rompe su silencio por vez primera por algo que considera injusto. Ella es la jueza que ha sido señala de liberar a 28 personas integrantes de una peligrosa organización criminal.

Pero lo peor de todo es que tras ello, en otro atentado, una de estas personas liberadas arremetió con pistola en mano contra dos policías a quienes casi mata. A ella se le señala de liberar al pistolero.

Esta historia empezó el 21 de noviembre último. Ese día, la policía hizo un operativo-sorpresa en este lugar ubicado en Pachacamac. Por aire y tierra los agentes del orden llegaron a este búnker donde se reunía supuestamente parte de una mafia extranjera.

Los vecinos de la zona alertaron que en esta mansión de Villa Mora se daban cita varias personas peligrosas que estaban armadas. Inmediatamente se encendieron las alarmas y todo se puso en marcha. Se montó un ingreso policial singular en el que hasta el alto mando llegó a la zona por aire.

La presentación de los detenidos tuvo la imagen de todos rendidos y con el ombligo en el suelo. Fueron 28 los apresados y hubo incautación de armas y hallazgo de droga.

Los agentes policiales resaltaron el golpe sorpresa a la mafia. Sin embargo, de estos 28 intervenidos, la fiscalía solo encontró presunta responsabilidad penal en 7 personas. Este es un dato importante. La jueza señaló que en el requerimiento fiscal solo pusieron a su disposición a 7 personas, mientras que los otros 21, el fiscal les dio libertad.

Efectivamente, el 4 de diciembre último, 21 personas fueron liberadas y sólo 7 quedaron apresadas y señaladas de dos imputaciones: Micro comercialización de drogas y tenencia ilegal de armas.

Esta es la lista de los 7 sujetos para los cuales se pidió la prisión preventiva. Esta lista también es importante. La libertad de estas personas se resolvió en una maratónica jornada que empezó el 6 de diciembre y terminó la mañana del 7. Sólo unos días después, el 12 de diciembre, y al otro lado de Lima, ocurrió otro hecho importante vinculado a este caso.

En un hostal ubicado en la urbanización San Gabriel en San Juan de Lurigancho. Los policías intervienen el lugar para prevenir un posible atentado criminal. Aquel día ingresaron sigilosos al lugar y cuando decidieron accionar, fueron recibidos con modales de la mafia, a balazos. Alguien escondido desde una habitación gatilla su arma y hace retroceder a los agentes del orden.

Uno de los policías recibió disparos en el abdomen y otro en la mano derecha. Aquí se ve a uno de los agentes perdiendo sangre, con la mano derecha inutilizable y sujetando torpemente la pistola con la otra mano.

Unos minutos después, el pistolero fue apresado. Se llama José Antonio Ríos Gil. Y su nombre quedó suspendido en el aire porque se supo que este mismo sujeto de nacionalidad venezolana, había sido intervenido en el búnker de Pachacamac con 28 personas y luego fue puesto en libertad por la fiscalía el 4 de diciembre.

Cuando la policía le cayó por segunda vez, el 12 de diciembre, decidió esperar a los agentes del orden a balazo limpio.

Entonces las miradas de repudio e indignación se dirigieron inmediatamente hacia Leny Zapata Andía. Se le señaló como la responsable de abrir las rejas al pistolero que casi mata a dos policías.

La jueza Leny Zapata Andía ha roto su silencio porque quiere aclarar que ella no es la responsable de esta liberación. La liberación del pistolero que, por poco, mata a dos policías no es responsabilidad de esta mujer.

En efecto, el nombre de José Antonio Ríos Gil no aparece en la lista de las 7 personas sobre las cuales la fiscalía pidió prisión preventiva tras la intervención en el búnker de Pachacamac.
Sin embargo, se habló de corrupción, de dinero bajo la mesa y de una liberación expres. Y esto llenó de indignación a la jueza sobre la cual se dirigieron todas las miradas.

Leny Zapata es abogada de profesión, tiene una maestría y también un doctorado en Derecho Penal. Lleva 26 años trabajando en la administración de justicia y precisa que todo lo que tiene lo ha ganado con su esfuerzo. 

Precisamente en Lima sur acaba de ser cesada de sus funciones como jueza supernumeraria. El poder judicial le ha retirado la confianza como magistrada a raíz de este caso en el que nadie se ha tomado el trabajo de escucharla.

Zapata está indignada por esta suspensión que considera injusta. Su nombre ha sido manchado y ha sido señalada con dedo acusador de las desgracias de la inseguridad ciudadana.

Sobre la liberación de las 7 personas entre las cuales no está el gatillero del hostal de San Juan de Lurigancho, la jueza sustentó que se pudo comprobar que había micro comercialización de drogas

Una muestra agotada significa que tras el análisis en el laboratorio no había más droga. Es decir, había muy poca cantidad y ésta se agotó en este proceso químico de la policía.

La jueza señala además que la fiscalía tampoco reportó el dictamen pericial que indicara que había adherencias de droga en las manos de los 7 detenidos o en sus prendas. Un indicio importante que indicaría si estos sujetos están dedicado al comercio de drogas al menudeo.

Sobre el delito de tenencia ilegal de armas, ella sostiene que la fiscalía también cometió un error respecto al presupuesto de la prognosis de la pena y que por ello no pudo dictar prisión preventiva.

Ella solo quiere decir que hizo su trabajo de manera correcta en base al pedido de la fiscalía. No pide más. Sólo que la escuchen y que sean justos con su decisión. Le pidieron que resolviera y resolvió.