Justicia aún no llega para deudos del Baguazo a cinco años de ocurrido

Solo ha comenzado uno de los cuatro juicios vinculados a este trágico enfrentamiento entre indígenas y policías.

Foto: lamula.pe

Un día como hoy hace cinco años, el 5 de junio del 2009, el Perú fue testigo de una lucha a muerte entre peruanos. Un violento enfrentamiento entre indígenas de las etnias awajún y wampi contra efectivos policiales conocido como el ‘Baguazo’ dejó un saldo de 33 fallecidos y un desaparecido.

Ese día la Policía intentó desbloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la provincia amazónica de Bagua, que los nativos mantenían tomada desde 58 días antes como medida de protesta por la reducción del parque nacional Ichigkat Muja para concretar unas concesiones mineras.

El recorte del área natural protegida fue dispuesta en el gobierno del ex presidente aprista Alan García a través de dos decretos legislativos que no contemplaban la consulta del caso a la población indígena que residía en el lugar. Y ante la resistencia de los nativos, el Ministerio del Interior, encabezado entonces por Mercedes Cabanillas, decidió liberar la carretera.

Cinco años después de lo ocurrido, hay 52 acusados por la muerte de los policías pero la justicia aún no llega para los deudos. Solo uno de los cuatro juicios vinculados al caso ha comenzado, el de la Curva del Diablo, el resto aún no tiene fecha de inicio. Ninguno de los acusados por el Baguazo es una autoridad del gobierno aprista, el cual dispuso la medida.

El Instituto de Defensa Legal, que participa en la defensa de algunos acusados,  acusó al Poder Judicial de desinterés en convocar a intérpretes para facilitar las audiencias con los implicados que pertenecen a las etnias amazónicas, lo cual demoraría el proceso correspondiente.

Hoy los familiares de los efectivos policiales fallecidos en el Baguazo brindarán una conferencia de prensa para hacer públicos sus reclamos en un proceso judicial que no avanza a buen ritmo. También está prevista una manifestación cerca al Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima, y una cita en la zona conocida como la Curva del Diablo, en Bagua.

El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, envió una recomendación al Ministerio de Agricultura (Minagri) de impulsar el fortalecimiento de las políticas de reconocimiento y titulación de territorios pertenecientes a comunidades tanto nativas como campesinas con la finalidad de que hechos violentos de este tipo vuelvan a enfrentar a los peruanos

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