Domingo, 10 de diciembre del 2017

MIMP: Derogar DL 1323 sería un retroceso en lucha contra la violencia

Asegura que esa norma fue promulgada en el marco de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana

Ministra Ana María Romero-Lozada, ministra de la Mujer. Foto: MIMP

Asegura que esa norma fue promulgada en el marco de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) afirmó que la eventual derogación de la ley que eleva las sanciones para los crímenes de odio "significaría un retroceso en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia y la discriminación."

La Comisión de Constitución, de amplia mayoría fujimorista, acordó el martes recomendar la derogación del decreto del Ejecutivo que fortalece la lucha contra los crímenes de odio por orientación sexual, violencia de género y violencia familiar en el país.

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Con esta votación, la Comisión de Constitución redactó un texto sustitutorio en el que recomienda al pleno del Congreso que se derogue el decreto.

El Ministerio de la Mujer señaló hoy, al respecto, que el Decreto Legislativo N°1323 "protege el derecho de todas las personas, consagrado en la Constitución, a su integridad psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar".

"Su alcance está dentro de las facultades delegadas por la Ley 30506 en materia de seguridad ciudadana, que señala como uno de sus fines modificar la legislación penal para fortalecer la lucha contra la delincuencia", enfatizó.

Agregó que "eliminar la tipificación contra los crímenes de odio del Código Penal es ahondar la situación de desprotección y discriminación que viven actualmente en nuestro país las personas LGTBI" (siglas de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).

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Recordó, además, que en 2016 los Centros Emergencia Mujer del país registraron 124 feminicidios y 258 tentativas de este delito y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó, en el primer trimestre del año 2014, 17 asesinatos y 7 agresiones contra la población LGTBI.

"Estas cifras de violencia son intolerables en un país democrático y moderno; y sobre esta realidad debemos actuar", enfatizó el ministerio antes de remarcar que "es deber del Estado proteger a todas y todos de la discriminación, intolerancia y violencia".

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Tras la decisión que tomó la Comisión de Constitución, el tema pasará a debate en los próximos días y luego se votará en el pleno, que tomará una decisión definitiva. EFE