Muerte civil a funcionarios corruptos evitará robos, asegura el Frente Amplio

Congresista María Foronda habló sobre los detalles de la presentación de la iniciativa 

María Foronda del Frente Amplio

La iniciativa del Frente Amplio para castigar con la muerte civil a funcionarios sentenciados por corrupción evitará que estos malos elementos “sigan robando”, porque serán retirados de sus cargos sin opciones de retorno, destacó la legisladora María Foronda.

Detalló que el proyecto de ley contempla que cualquier funcionario con este tipo de sentencia sea impedido –de forma vitalicia– de volver a la administración pública, lo cual –según la propuesta– también alcanzaría a las autoridades que hayan sido elegidas por voto popular. 

“En el Frente Amplio siempre hemos dicho que debería haber muerte civil para los funcionarios corruptos, sea alcalde, gobernador regional, incluyendo congresistas y todo funcionario público, porque, si no, vamos a tener más de lo mismo”, afirmó la legisladora.

En diálogo con la Agencia Andina, precisó que la propuesta busca sancionar tanto a los funcionaros que laboren en distintos ámbitos del aparato estatal como a aquellos que pretendan ingresar a la función pública.

Según informó, su bancada ultima los detalles para la próxima presentación de esta iniciativa, por lo que dijo esperar que el Congreso brinde su respaldo, en aras de combatir de manera frontal cualquier acto de corrupción en la esfera estatal.

En otro momento, la parlamentaria mencionó que este sábado se trasladará a Loreto para conversar con las comunidades de la zona afectada por el reciente derrame de petróleo, ocasionado por una nueva ruptura en el oeoducto Norperuano.

“Vamos a conversar con las comunidades que están afectadas por el último derrame para recoger sus expectativas, sin que esto signifique una interferencia con lo que hace el Ejecutivo”, subrayó.

En su criterio, este nuevo derrame hace aún más necesaria la reorganización integral de la empresa estatal Petroperú, anunciada por el Gobierno en el marco de las facultades legislativas que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo.

Foronda ratificó que esa reorganización debe comprender una auditoría ambiental independiente, que identifique el origen de las fallas en el referido ducto, y una estrategia de remediación frente a eventuales nuevos derrames de crudo que puedan presentarse.

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