Odebrecht entregará por 20 años sus programas contables para investigar coimas

Cuarto Poder ha podido conocer algunos aspectos del convenio suscrito entre la Fiscalía y la empresa constructora Odebrecht. Según los términos del llamado Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios con la compañía brasileña, se obliga a cumplir lo siguiente: 

Una vez que el acuerdo haya sido aceptado y homologado por el Poder Judicial, Odebrecht entregará  todos los archivos contenidos en los soportes electromagnéticos de los sistemas Drousys y Mywebday del Sector de Operaciones Estructuradas, que actualmente se encuentran en custodia del Ministerio Público Federal de Brasil, relacionados a actos en perjuicio del Estado peruano. 

Drousys y Mywebday son los programas contables que creó Odebrecht para llevar un registro interno de sus sobornos y sus sobornados. Algunos archivos ya han sido remitidos al Perú por la Fiscalía suiza, pero la empresa brasileña entregará absolutamente todo el material. 

Volviendo al acuerdo, la empresa brasileña se obliga a: custodiar toda la documentación administrativa, contable, tributaria, financiera, bancaria, comercial y de cualquier índole que se encuentra en sus oficinas y almacenes en el Perú, por un plazo de veinte años; en caso sea necesario, dicha documentación será digitalizada con la autorización del Ministerio Público. Odebrecht entregará el inventario detallado de toda la documentación.

Con ello se refieren, entre otros archivos, a la enorme documentación contenida en el almacén de Pachacámac cuya existencia fue revelada por Cuarto Poder en abril pasado. 
Además, dice el convenio, que Odebrecht pondrá a disposición de la Fiscalía peruana a sus exejecutivos y exdirectivos las veces que sea necesario a fin de que se esclarezcan todos los actos ocurridos en agravio del Estado peruano. 

Esto le dará mayor fluidez al contacto entre la Fiscalía y exdirectivos como Jorge Barata, para consultas y declaraciones de todo tipo.  En el acuerdo quedó graficado de que Odebrecht Perú se encontraba en una situación financiera crítica, con activos de US$ 900 millones, pero pasivos por US$ 1,500 millones. Un déficit de US$ 600 millones. Ese monto, más la reparación civil a pagar, calculada en US$ 200 millones, suman obligaciones a pagar por US$ 800 millones. 

Había dos caminos: firmar el acuerdo con la Fiscalía para volver a contratar con el Estado y con privados y cerrar así la brecha financiera, o ir a liquidación e irse del país, sin la obligación de entregar un solo documento a la justicia. Según los Estados Financieros Auditados de Odebrecht de diciembre del 2017, la constructora estaba a punto de entrar en insolvencia y ser sometida a proceso concursal ante Indecopi. Si eso ocurría, la empresa habría sido controlada por los acreedores, y era poco lo que podía lograr la justicia peruana. 

Así que no tuvo más remedio que sentarse a negociar con el Equipo Especial y entregar las pruebas exigidas. Además de entregar pruebas, ha aceptado pagarle al Estado peruano una reparación civil de S/. 610 millones, que es la mitad de lo que la Contraloría General de la República ha calculado como perjuicio al país: S/. 1,250 millones. 

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