Martes, 12 de diciembre del 2017
Personaje del Año

Plantean hasta 8 años de cárcel por información falsa sobre productos

Tras el escándalo por el caso ‘Pura Vida’, esta iniciativa legislativa busca evitar que publicidad y etiquetas induzcan al error al consumidor

Congreso de la República. Foto: Andina

Tras el escándalo por el caso ‘Pura Vida’, esta iniciativa legislativa busca evitar que publicidad y etiquetas induzcan al error al consumidor

El congresista de Peruanos por el Kambio, Sergio Dávila, presentó un proyecto de ley que propone sancionar con una pena de cárcel de entre 4 y 8 años a quien brinde información falsa sobre la calidad de los alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados al consumo infantil.

Según explicó, la iniciativa busca corregir la situación que se generó tras la decisión de las autoridades panameñas de prohibir la importación del producto Pura Vida al determinarse que no era leche de vaca.

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Por ello, dijo, su proyecto plantea el pleno restablecimiento de los artículos 238 y 239 del Código Penal, que tipifican los delitos referidos a informaciones falsas sobre la calidad de los productos e inducen al error a los consumidores.

Mediante su propuesta, refirió, se considera que las afirmaciones falsas respecto a la calidad de un producto o servicio sean castigadas con una pena carcelaria no mayor de 3 años y con 60 a 120 días multa.

No obstante,  el agravante que elevará la pena carcelaria a entre 4 y 8 años se dará cuando la publicidad falsa o errónea sea sobre alimentos, preservantes y aditivos alimenticios, fármacos o artículos de primera necesidad destinados al consumo de los niños. Para este caso se ha previsto también una sanción de 90 a 180 días multa.

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Además, se propone sancionar con una pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años al que venda bienes o preste servicios cuya calidad o cantidad son diferentes a los ofertados o, en su defecto, a los consignados en los rótulos, etiquetas, letreros o listas elaboradas por la propia empresa vendedora o prestadora de servicios.

“Se trata de defender el derechos de los consumidores y darles las garantías necesarias para que la información que se les ofrece con relación a un determinado producto sea veraz y exacta”, sostuvo el congresista. (Andina)