Policía sí utilizó armas contra población en Pichanaki pese a prohibición
MININTER investiga las responsabilidades
Pese a que el ministro del Interior, Danie Urresti, dijo que había una orden expresa para que los policías no utilizaran armas de fuego contra los manifestantes en Pichanaki, las investigaciones preliminares señalan que no hicieron caso a las indicaciones.
En un comunicado, el MININTER señaló que el personal policial "sí hizo uso de armas de fuego letales y de escopeta de perdigones, en distintos puntos de la ciudad", situación que es materia de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
Como se recuerda, las violentas protestas han dejado hasta el momento una persona muerta por impacto de bala y cerca de un centenar de heridos en la provincia de Chanchamayo, Junín. La población reclama la salida de la empresa Pluspetrol a la que acusan de contaminar el ambiente.
Según el MININTER, el memorándum 20-2015-DGPNP-CEOPOL-P1, de fecha 14 de enero de 2015 fue distribuido en todas las dependencias policiales a nivel nacional para disponer "la prohibición del uso de armas letales en operaciones de control de disturbios y mantenimiento del orden público".
Para las operaciones de recuperación del órden público, se desplazó a Pichanaki, La Merced y La Oroya un total de 1,700 efectivos policiales, equipados únicamente con escudos, cascos y material lacrimógeno.
No obstante, la orden habría sido desobedecida por el personal a cargo, por lo que se dispuso el relevo del jefe policial del operativo de Pichanaki, Coronel PNP Walter Figueroa Ingunza, y de otros 13 oficiales.
Asimismo, se realizarán las pericias en las armas de fuego y las pruebas de absorción atómica a todos los efectivos policiales presentes en Pichanaki, con presencia del representante del Ministerio Público.
De encontrarse prueba, Inspectoría denunciará ante el Fuero Militar Policial a los efectivos policiales presuntos autores de delito de desobediencia, y remitirá todo lo actuado al Ministerio Público para que determine la presunta comisión de delitos comunes.
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