¿De qué acusan a Vizcarra por caso Lomas de Ilo y otro?
El Poder Judicial analiza el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, imputado por cohecho en obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía solicita 15 años de cárcel.
El expresidente Martín Vizcarra afronta una audiencia presencial ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en la que el Poder Judicial analiza el requerimiento de prisión preventiva por un plazo de seis meses, formulado por el Ministerio Público.
El pedido está vinculado a las investigaciones por presuntos sobornos que el exmandatario habría recibido en dos proyectos cuando fue presidente regional de Moquegua.
La Fiscalía imputa a Vizcarra el delito de cohecho pasivo propio y solicita una condena de 15 años de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación, además de la imposición de medidas cautelares inmediatas ante el riesgo de obstaculización del proceso judicial.
Los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
La acusación fiscal se centra en dos megaproyectos regionales ejecutados entre 2011 y 2014, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador de Moquegua. El primero de ellos, el proyecto Lomas de Ilo, involucró la construcción de la Línea de Conducción N.° 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa, adjudicado al consorcio Obrainsa-Astaldi.
Según la hipótesis fiscal, el exmandatario habría recibido un millón de soles de dicho consorcio a fines de 2013 como pago indebido para favorecer su adjudicación.
El segundo caso corresponde a la obra de ampliación y mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua Nivel II-2, que fue adjudicada a la empresa ICCGSA. La Fiscalía sostiene que Vizcarra habría recibido un soborno de S/ 1.3 millones como contraprestación por facilitar su ejecución, dinero que habría sido entregado en parte por el ejecutivo Rafael Granados a través del exministro José Hernández.
En total, se le atribuye haber recibido S/ 2.3 millones por ambas obras públicas, configurando presuntos actos de corrupción mientras ostentaba un cargo regional.
Etapa procesal y avance del juicio
Ambos casos han sido acumulados en un mismo expediente judicial y se encuentran actualmente en etapa de juicio oral desde octubre de 2024. La medida de prisión preventiva que se discute en estos días constituye un pedido adicional de la Fiscalía para asegurar la comparecencia de Vizcarra durante el desarrollo del proceso.
De concederse, el exmandatario cumpliría seis meses de detención preventiva mientras se sustancia el juicio, con la posibilidad de extensión si el proceso lo amerita. La defensa legal ha negado todas las imputaciones y alega que no existen elementos suficientes para justificar la privación de libertad.
Acumulación de inhabilitaciones políticas
Al margen del proceso penal, Vizcarra acumula actualmente tres inhabilitaciones políticas aprobadas por el Congreso, que le impiden ejercer cargos públicos hasta, al menos, el año 2035.
La primera de ellas fue impuesta en abril de 2021 por 10 años, a raíz del escándalo conocido como Vacunagate, donde se comprobó que recibió la vacuna contra la COVID-19 de manera irregular mientras era presidente.
La segunda se dictó en mayo de 2022, por un periodo de 5 años, tras detectarse conflictos de interés durante su gestión como ministro de Transportes entre 2016 y 2017, por presuntos vínculos con empresas privadas.
La tercera, más reciente, fue aprobada el 11 de junio de 2025 por 10 años adicionales, luego de que el Congreso aceptara un pedido de reconsideración y sancionara a Vizcarra por la disolución del Legislativo en septiembre de 2019. Según el Parlamento, esta acción constituyó una infracción al artículo 134 de la Constitución.
En total, las sanciones parlamentarias lo mantienen inhabilitado por 25 años, bloqueando cualquier posibilidad de postulación o participación política hasta mediados de la década de 2030.
Impacto político y futuro procesal
Aunque Vizcarra no cuenta con una sentencia condenatoria firme, su situación legal y política se ha deteriorado en los últimos años. En las elecciones generales de 2021 intentó postular al Congreso, pero fue impedido debido a la inhabilitación derivada del caso Vacunagate.
Actualmente enfrenta, además de este juicio, otros tres procesos penales por delitos relacionados con corrupción, abuso de poder y organización criminal, lo que lo convierte en uno de los exmandatarios con más causas judiciales abiertas en la historia reciente del país.
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