El ministro de Educación, Carlos Gallardo, ratificó haber dispuesto una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos en torno a una presunta filtración de la última evaluación docente e indicó que, si hay responsables, éstos serán identificados, porque su sector no transa con la corrupción.
Las entidades públicas cuyo personal tuvieron acceso a la prueba fue el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Gallardo informó que, en aras de no vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales, la lista de las 104 personas que tuvieron acceso a la información se entrega en sobre cerrado al Congreso para que se brinde el tratamiento que la ley prevé para este tipo de información. Sin embargo, el ministro aclaró que ninguna persona del ministerio accedió al contenido de la prueba durante su gestión.