Inti Sotelo y Bryan Pintado: Fiscalía formaliza denuncia penal contra altos mandos PNP por homicidios

El Ministerio Público formalizó la denuncia penal contra 11 oficiales de la Policía Nacional por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y otros, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos durante las protestas ciudadanas de noviembre de 2020.

La denuncia comprende al teniente general Jorge Lam Almonte, el general Jorge Cayas Medina, los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte, los comandantes Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo, y los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, así como el capitán Mario García Chávez.

Todos ellos fueron comprendidos en la investigación por los presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la salud -en la modalidad de asesinato con alevosía–, lesiones graves y leves, y contra la administración pública –en la modalidad de abuso de autoridad–, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Al teniente general Jorge Lam Almonte, en su calidad de comandante general (e) y subcomandante general PNP, se le imputa ser autor mediato de la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado; lesiones graves y leves contra de 80 manifestantes, y contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, al haber ordenado y emitido disposiciones para la realización de las operaciones policiales en las protestas de noviembre.

En tanto, al general Jorge Luis Cayas Medina, en su rol de jefe de la Región Policial Lima, y otros oficiales, se les sindica como coautores de los mismos delitos, al haber ejecutado la represión policial indiscriminada y distribuido los roles específicos con sus subordinados.

La fiscal Jhousy Aburto Garavito, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos, señala que los altos mandos policiales tuvieron conocimiento de los hechos, y, abusando de su alta jerarquía, habrían ordenado el uso de la fuerza pública, de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal.

Ese uso de la fuerza se realizó, según precisa el fiscal, con la utilización de armas potencialmente letales y municiones prohibidas, para impedir que los manifestantes se movilicen hacia Palacio de Gobierno y al Congreso de la República, y para neutralizar toda protesta social contra el nuevo gobierno de Manuel Merino de Lama.

Andina