73.8 % ve negativa la influencia de la minería ilegal en Congreso
Una encuesta nacional de Datum para el Centro Wiñaq muestra desconfianza ciudadana ante influencia minera en el Legislativo.
Una reciente encuesta nacional de Datum Internacional para el Centro Wiñaq reveló que el 73.8 % de la población peruana considera que la minería ilegal en el Congreso tiene una influencia negativa. La consulta, difundida esta semana en el diario El Comercio, recoge las percepciones ciudadanas sobre el impacto que tiene la minería ilegal en las decisiones parlamentarias.
Entre los datos más relevantes destaca que solo un 5.2 % considera que esta actividad no tiene ningún tipo de influencia en el Parlamento, mientras que un 15.1 % la percibe como positiva.
Influencia negativa y percepción de corrupción en el Congreso
Los resultados de la encuesta de Datum confirman que una amplia mayoría de peruanos que participaron del sondeo cree que la minería ilegal tiene un peso importante en las decisiones legislativas. Según los porcentajes detallados, el 50.9 % considera que la influencia es negativa, mientras que el 22.9 % la califica como muy negativa.
La consulta también reveló que el 70.2 % de los encuestados considera que los congresistas reciben dinero de la minería ilegal, y que ese es el principal motivo por el cual aprueban leyes como la ampliación del plazo de regularización para los mineros informales.
En contraste, solo un 22.5 % de la población cree que estas medidas se aprueban por preocupación genuina hacia el bienestar de los pequeños mineros.
Este dato refuerza la percepción de que habría intereses económicos detrás de decisiones que favorecen a un sector informal con alto impacto ambiental y social.
Minería ilegal, crimen y violencia: una relación percibida
En otra sección del estudio, se preguntó a los encuestados sobre el impacto de la minería ilegal en el crimen. Los resultados revelan que el 67.9 % de los peruanos cree que esta actividad está asociada al incremento de la criminalidad, ya sea en sus zonas o a nivel nacional.
Específicamente, el 48.2 % consideró que la minería ilegal aumenta el crimen en todo el país, mientras que el 19.7 % señaló que lo hace en su propia área. En contraste, solo un 8 % manifestó que la minería ilegal no tiene efecto alguno sobre las tasas de criminalidad.
Llama la atención que el 10.2 % de los encuestados cree que la minería ilegal reduce el crimen al generar empleo, lo cual representa una percepción minoritaria, pero que persiste en ciertos sectores. Además, un 13.9 % indicó no estar seguro del impacto de esta actividad sobre la seguridad.
Rechazo ciudadano a las decisiones legislativas vinculadas al sector
El Congreso ha aprobado diversas medidas que extienden los plazos de regularización para los mineros informales. Según los resultados de la encuesta, la ciudadanía percibe estas decisiones como resultado de intereses económicos vinculados a la minería ilegal.
El hecho de que el 70.2 % de los encuestados considere que los congresistas reciben dinero del sector, refuerza la percepción de que la legislación está siendo influenciada por factores ajenos al interés público.
De acuerdo con Datum, esta situación afecta directamente la confianza en las instituciones. El Congreso aparece como un actor clave en la agenda minera, pero también como un espacio donde se concentran las sospechas de corrupción.
Actividad informal y sus efectos sobre el medio ambiente
La minería informal también es percibida como un factor contaminante. El 65.8 % de los ciudadanos cree que esta actividad fomenta la violencia y contamina el ambiente, según los datos revelados por Datum.
Al mismo tiempo, la encuesta muestra que solo un 16.9 % de los encuestados ve a la minería informal como una actividad positiva que genera empleo y tiene poco impacto ambiental. Un 13.9 % dijo no estar de acuerdo con ninguna de las opciones y un 3.4 % no supo responder.
En contraste, un grupo reducido —el 16.9 %— afirma que se trata de una actividad económica necesaria, con poco impacto ambiental. Esta opinión minoritaria refleja una narrativa que ha sido usada por representantes del sector para justificar su actividad en diversas regiones del país.
Opinión pública apoya restricciones a la minería informal
Otra de las preguntas formuladas en la encuesta se centró en las preferencias electorales. El 54.6 % de los peruanos señaló que votaría por un candidato que restrinja las actividades de los mineros informales.
Este respaldo a una política más restrictiva frente a la minería informal se relaciona directamente con la percepción negativa que se tiene sobre el impacto de esta actividad.
La mayoría de los encuestados manifestó su preocupación por los efectos sociales, ambientales y de seguridad que conlleva su expansión.
La opinión mayoritaria se alinea con los reportes de contaminación en zonas amazónicas, así como con las alertas de incremento de criminalidad en regiones afectadas por la minería informal. Estas coincidencias entre percepción pública y hechos documentados refuerzan el rechazo ciudadano.
Una encuesta de Datum para el Centro Wiñaq reveló que el 73.8 % de los peruanos considera negativa la influencia de la minería ilegal en el Congreso. Además, el 70.2 % cree que los legisladores reciben dinero del sector para aprobar medidas favorables a los mineros informales. La mayoría también asocia esta actividad con un aumento del crimen y daño ambiental. Un 54.6 % votaría por candidatos que restrinjan la minería informal en las elecciones de 2026.