AAP: Reducir multas de tránsito sin fiscalizar genera impunidad

El gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Jaime Graña Belmont, se pronunció en entrevista con Canal N sobre el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto a la reducción y régimen especial para el pago de multas de tránsito. El representante gremial sostuvo que, si bien la institución considera adecuado hacer más proporcionales los montos por existir casos desproporcionados, la medida no debe convertirse en una amnistía que condone deudas o afecte el principio de autoridad.

Graña Belmont explicó que el propósito central de una sanción económica debe ser disuadir la comisión de infracciones para evitar accidentes, heridos y fallecidos. En ese sentido, puntualizó que la reducción del valor de las papeletas debe ser únicamente un paso inicial acompañado de una reestructuración del proceso sancionador, mayor capacidad de fiscalización y trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado para fomentar la educación vial.

Cifras de accidentes reflejan un escenario de impunidad en las calles

Durante la entrevista con Canal N, el vocero de la AAP señaló que el modelo sancionador actual no está funcionando y genera certeza de impunidad en conductores y peatones. El ejecutivo detalló que en el último año se registraron 88 200 accidentes de tránsito en el país, los cuales dejaron un saldo de 57 000 personas heridas y más de 3400 fallecidos. Estas cifras representan un incremento del 14 % en el número de muertes en el año 2025 respecto al 2024.

Graña Belmont agregó que la falta de respeto a las normas se evidencia de forma cotidiana en las calles, donde en un lapso de 5 minutos se pueden observar hasta 10 infracciones cometidas por peatones, motociclistas y buses de transporte público. Para la AAP, el problema excede el ámbito administrativo y constituye una situación de seguridad vial.

Efectividad del cobro de sanciones e implementación de fiscalización electrónica

Respecto al cumplimiento en el pago de las infracciones, el gerente de la AAP indicó que solo una minoría de las faltas cometidas son sancionadas y, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solo entre el 46 % y el 60 % de las papeletas emitidas llegan a cancelarse. Asimismo, advirtió que el sistema actual permite impugnar multas durante años hasta su prescripción a los 5 años, lo que genera costos para el erario público.

Como alternativa de solución, Graña Belmont planteó implementar sistemas de fiscalización electrónica mediante cámaras y sensores de radiofrecuencia, citando como antecedente los controles aplicados en la provincia constitucional del Callao. Adicionalmente, el ejecutivo señaló la necesidad de fortalecer los centros de inspección técnica vehicular y promover un bono de chatarreo para retirar de circulación a las unidades antiguas que generan congestión vehicular y contaminación.