Abogado penalista afirma que chats sobre presunto recorte de sueldos ameritan investigación por corrupción
Abogado penalista afirmó que la investigación también podría esclarecer eventuales nexos entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y el financiamiento de actividades políticas, aunque precisó que cualquier responsabilidad deberá ser determinada por el Ministerio Público durante las diligencias correspondientes
El abogado penalista Julio Rodríguez sostuvo que los chats hallados durante una investigación por presunto narcotráfico constituyen un indicio relevante para que la Fiscalía inicie una investigación especializada por presuntos actos de corrupción vinculados al recorte de sueldos de trabajadores del Congreso.
Durante una entrevista con Canal N, explicó que las conversaciones atribuidas a una exasesora del excongresista y excandidato presidencial Roberto Sánchez reflejarían una situación de presunto cobro irregular de parte de su remuneración, práctica conocida como “mochar sueldo”, la cual, de comprobarse, configuraría un delito previsto en el Código Penal.
Rodríguez indicó que la investigación deberá dividirse en dos frentes. Por un lado, la Fiscalía Antidrogas continuará con las diligencias relacionadas con la presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y sus posibles vínculos con actores políticos. Por otro, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción deberá investigar las presuntas irregularidades cometidas al interior del Congreso.
Chats tendrían especial valor probatorio
El penalista señaló que los chats tendrían especial valor probatorio debido a que corresponderían a conversaciones privadas mantenidas por la presunta víctima con sus familiares antes de que se iniciara cualquier investigación, lo que, a su juicio, refuerza su credibilidad como elemento indiciario.
Asimismo, precisó que, de confirmarse los hechos, las penas por este tipo de delitos podrían alcanzar hasta ocho años de prisión. Agregó que, por la condición de excongresista de Roberto Sánchez, cualquier investigación penal requerirá previamente el levantamiento de la prerrogativa constitucional que mantiene tras dejar el cargo.
Finalmente, Rodríguez afirmó que la investigación también podría esclarecer eventuales nexos entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y el financiamiento de actividades políticas, aunque precisó que cualquier responsabilidad deberá ser determinada por el Ministerio Público durante las diligencias correspondientes.