La investigación por supuestas coimas durante el primer gobierno de Alan García
Han pasado más de 23 años desde que dicho documento fue redactado: el expediente perdido que la justicia peruana elaboró en 1995 sobre los presuntos actos de corrupción que habría cometido Alan García en su primer Gobierno en la ejecución del proyecto del tren eléctrico. El reportaje se hizo en conjunto entre Cuarto Poder e IDL-Reporteros.
García impulsó el proyecto desde que arrancó su primer mandato en 1985. En febrero de 1986 creó la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y en julio de ese año se convocó a un concurso internacional para estudios definitivos y gerencia del proyecto que fue declarado desierto.
Se buscó financiamiento mediante la cooperación internacional. Se intentó con Canadá, Rusia y Brasil. En mayo de 1988, se suscribió un acuerdo con Italia, que se comprometía a participar en el proyecto con una contribución de 122 millones de dólares, 22 de estos como una donación y los 100 restantes como crédito de ayuda.
A cambio, la obra tenía que estar en manos de empresas italianas agrupadas en el consorcio TRALIMA. Se suscribió un contrato directo entre este consorcio y la autoridad autónoma.
Tras dos años de ejecución del proyecto, García inauguró un tren eléctrico que apenas podía recorrer poco menos de dos kilómetros. El 7 de junio de 1990, la Autoridad Autónoma firmó otro contrato con TRALIMA para la segunda parte del proyecto hasta el Óvalo Higuereta. Según la justicia peruana, sin que estuviera acreditado el debido financiamiento.
Cuando el fiscal italiano Vittorio Paraggio interrogó a Sergio Siragusa, representante de TRALIMA en el Perú, contó que García le pidió una contribución de seis cifras por haber favorecido a TRALIMA con el contrato para el tren eléctrico.
Según Siragusa, García le pidió un adelanto de 500 mil dólares. El italiano pudo reunir 200 mil dólares en efectivo que entregó a García en Palacio de Gobierno en octubre de ese año. Los 840 mil dólares restantes, Siragusa afirma haberlos depositado en tres remesas, en cuentas bancarias proporcionadas por el mismo Alan García.
Siragusa entregó a las autoridades peruanas información que corroboró sus dichos: la carta remitida a los altos funcionarios italianos de TRALIMA informando de los requerimientos de García. También, las órdenes de instrucción para las transferencias del dinero al banco en Gran Caimán.
Hugo Sivina terminó corroborando la información con el levantamiento de la reserva por parte de la Corte de dicha isla. Las cuentas del Barclays Bank estaban a nombre de la empresa Worldwide Financial Holding, propiedad de Alfredo Zanatti, un empresario que había sido dueño de la empresa aérea Faucett Perú y que se había visto beneficiado con la dación irregular de dólares MUC.
Zanatti, en una recordada entrevista para América Televisión, dijo que, por el favor de los dólares MUC, García le pidió un millón doscientos mil dólares. Además, dijo a las autoridades peruanas que abrió las cuentas en Gran Caimán a pedido de García.
El tren eléctrico en 1990 terminó costando 270 millones de dólares, por apenas 2 km de recorrido. Se pagó, según Siragusa, una coima de un millón de dólares. Durante el segundo gobierno aprista, el Metro de Lima costó mil cuatrocientos millones de dólares y se pagó un soborno de 8 millones de dólares.
Según el informe Sivina, durante su primer gobierno, García ejerció presión y negoció el proyecto del tren por su propia cuenta direccionándolo a favor de las empresas italianas. Cosa curiosa, algo parecido a lo que han señalado implicados directos en el proyecto del tren que en su segundo gobierno se llamó Metro de Lima.
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