Alcaldesas exigen restituir fiscalización en centros comerciales
Las autoridades municipales han denunciado que la Ley 28976 impide clausuras inmediatas y expone a los fiscalizadores a denuncias penales, lo que dificulta la labor de control
Las alcaldesas de Pueblo Libre y Surquillo expresaron su preocupación por la falta de facultades de fiscalización otorgadas a las municipalidades, lo que impide intervenciones efectivas en establecimientos comerciales.
En diálogo con Canal N, señalaron que esta limitación ha quedado en evidencia tras la reciente tragedia en Real Plaza de Trujillo que ha cobrado vidas y afectado a muchas familias.
La alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, explicó que en su distrito existe un único centro comercial, Open Plaza, y que desde su gestión se han implementado inspecciones periódicas, especialmente en mercados y locales de alto riesgo.
Sin embargo, indicó que las normas actuales no permiten realizar inspecciones estructurales detalladas, ya que el Decreto Supremo 002-2018 no exige que las municipalidades cuenten con ingenieros estructuralistas.
Las autoridades municipales han denunciado que la Ley 28976 impide clausuras inmediatas y expone a los fiscalizadores a denuncias penales, lo que dificulta la labor de control.
Propuestas
Por ello, a través de la Mancomunidad de Lima Centro, están solicitando al Congreso la restitución de sus facultades para fiscalizar y clausurar establecimientos peligrosos sin trabas burocráticas.
Al respecto, proponen permitir la contratación de ingenieros estructuralistas en las municipalidades. También reformar las leyes para facilitar clausuras inmediatas en casos de riesgo evidente y crear un equipo multidisciplinario con participación del Congreso, el Colegio de Arquitectos y los distintos niveles de gobierno para mejorar la regulación.
En cuanto a la corrupción, reconocieron que existe un problema estructural en diversas municipalidades, pero aseguraron estar tomando medidas contra funcionarios con antecedentes de malas prácticas.
Mencionaron que existen denuncias y procesos administrativos en curso contra empleados corruptos. Además, pidieron que la Fiscalía debe desempeñar un rol más activo en la lucha contra la corrupción municipal.
Las autoridades municipales insisten en que el Congreso debe actuar con urgencia para modificar las leyes que limitan la fiscalización y permitir una mayor capacidad de intervención de los gobiernos locales.
Subrayaron que su objetivo no es afectar la actividad económica, sino garantizar la seguridad de la población y prevenir tragedias.