Alejandro Rospigliosi: JNJ debe vacar a Gino Ríos por sentencia

El abogado penalista Alejandro Rospigliosi sostuvo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe aplicar el mismo razonamiento que utilizó para destituir a Rafael Ruiz Hidalgo en el caso del actual miembro Gino Ríos.

En diálogo con Canal N, explicó que ambos ocultaron en sus declaraciones juradas antecedentes penales que los inhabilitaban para integrar dicho organismo.

“La Constitución y la Ley Orgánica de la JNJ son claras: no puede ser miembro quien tenga una sentencia penal. Y si además se trata de violencia contra la mujer, el impedimento es directo”, afirmó el penalista en entrevista con América Noticias.

Una institución clave para la justicia y la seguridad del país

Rospigliosi recordó que la JNJ tiene funciones centrales para el sistema de justicia peruano: designa, ratifica y puede destituir a jueces y fiscales en todo el país. Por ello, afirmó, los integrantes de este órgano deben cumplir con los estándares más altos de transparencia e idoneidad.

“Cada siete años la JNJ ratifica a los magistrados del país. Y si estos tienen una conducta indebida, también los puede remover. Por eso, quienes la integran no pueden tener ni una mancha en su historial”, indicó.

El caso de Rafael Ruiz: precedente directo

Rospigliosi recordó que en abril pasado, el entonces miembro de la JNJ, Rafael Ruiz Hidalgo, fue vacado tras revelarse que había ocultado una sentencia por prevaricato.

El Poder Judicial lo condenó a tres años de prisión suspendida e inhabilitación por un año cuando era juez suplente del 13.º Juzgado Laboral, tras emitir una resolución ilegal. “No consignó esa condena en su hoja de vida. La Junta lo destituyó. Lo mismo corresponde ahora, sin dobles raseros”, remarcó.

Gino Ríos y su sentencia por violencia contra la mujer

En el caso de Gino Ríos, una sentencia por violencia psicológica contra su pareja fue revelada recientemente por medios de comunicación. Esta tampoco fue declarada durante su postulación. Para Rospigliosi, eso lo inhabilita legal y éticamente para continuar como miembro de la JNJ.

“Los treinta y tres millones de peruanos podemos postular a cargos públicos, pero no a la JNJ si tenemos antecedentes. Y una sentencia por violencia contra la mujer lo excluye automáticamente”, sentenció.

¿Error u omisión grave de la comisión evaluadora?

El penalista cuestionó duramente a los miembros de la comisión evaluadora que seleccionó a Ríos. Dicha comisión fue presidida por el defensor del Pueblo e integrada por el entonces presidente del Poder Judicial, el contralor general y la presidenta del Tribunal Constitucional.

“¿Cómo es posible que los evaluadores no revisen los antecedentes penales de los postulantes? Eso es información pública. Un estudiante de Derecho de primer ciclo puede encontrarla”, afirmó.

Llamado a renuncias por responsabilidad institucional

En ese sentido, Rospigliosi consideró que los altos funcionarios que integraron la comisión deben renunciar a sus cargos por haber permitido este hecho. Mencionó al defensor del Pueblo, el contralor y la presidenta del Tribunal Constitucional.

“No se puede permitir que quienes deben garantizar la idoneidad de los candidatos avalen a una persona con sentencia por maltrato. Es una falta gravísima”, subrayó.

El abogado explicó que la vicepresidenta de la JNJ ya solicitó el expediente judicial completo de Gino Ríos al Poder Judicial. A partir de ello, debe convocarse a audiencia pública para que el magistrado ejerza su defensa, y luego votarse la vacancia.

“Ya hay un precedente: el caso Ruiz Hidalgo. Solo hay que aplicar el mismo estándar. Lo contrario sería encubrimiento institucional”, enfatizó.

Finalmente, Rospigliosi advirtió que si la Junta no toma acción, el próximo Congreso que asuma en once meses podría abrir una acusación constitucional contra los actuales miembros por omisión de funciones y encubrimiento.

“El soberano es el pueblo, y el Parlamento tiene la obligación de fiscalizar. Este tipo de actos no pueden quedar impunes”, concluyó.