Alejandro Toledo: PJ ordenó que cuatro bienes pasen al Estado
El Segundo Juzgado de Extinción de Dominio incluyó en el fallo las lujosas residencias de Punta Sal, Las Casuarinas y Camacho tras acreditarse que se adquirieron con dinero ilícito.
El Segundo Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima declaró fundada la demanda presentada por el Ministerio Público contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique, su esposa Eliane Karp Fernenbug y la madre de esta última, Eva Rose Fernenbug.
Con esta resolución en primera instancia, las autoridades judiciales dispusieron de manera oficial la transferencia definitiva a favor del Estado de un importante patrimonio inmobiliario y financiero acumulado por el entorno del exmandatario.
La medida legal se ejecutó bajo el amparo del Decreto Legislativo número 1373, una normativa especializada que faculta al Estado a tomar control de propiedades y activos financieros cuyo origen lícito no pueda ser plenamente demostrado por sus titulares o que guarden una relación directa con actividades criminales.
El dictamen dictamina expresamente que los bienes sean transferidos libres de toda carga, gravamen, afectación o derecho incompatible, disponiendo que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos proceda con la inscripción correspondiente una vez que el fallo adquiera la condición de cosa juzgada.
Identificación de las propiedades y activos financieros confiscados
El patrimonio recuperado por la justicia peruana representa una fortuna millonaria que estuvo en el centro del debate público durante años. El dictamen judicial abarca cuatro unidades inmobiliarias de gran valor y una cuenta bancaria, activos que en su conjunto suman una inversión original auditada de 5 millones 126 mil 716 dólares.
La lista de inmuebles expropiados incluye la célebre residencia de descanso ubicada en el balneario norteño de Punta Sal, en la región de Tumbes, así como las lujosas viviendas familiares situadas en las exclusivas urbanizaciones de Las Casuarinas y Camacho.
A estas fastuosas propiedades se suman las oficinas y estacionamientos registrados en la Torre Omega, un céntrico edificio empresarial ubicado en el distrito de Surco.
Asimismo, la resolución judicial alcanza al dinero en efectivo depositado en un activo financiero custodiado por el Banco de Crédito del Perú. Todo este bloque de recursos pasará a la administración directa del Programa Nacional de Bienes Incautados, entidad que asumirá la custodia, saneamiento legal, conservación y posterior disposición de los inmuebles de acuerdo a las necesidades del Estado.
Origen ilícito de los fondos y situación actual de los implicados
Las investigaciones fiscales que sostienen este fallo demostraron que la adquisición de estos costosos bienes se realizó utilizando el producto de actividades ilícitas estrechamente vinculadas a delitos contra la administración pública, específicamente bajo las modalidades de colusión y tráfico de influencias, además de lavado de activos.
Los magistrados determinaron que los flujos de dinero empleados para pagar los contratos de compraventa provenían de los sobornos pagados por constructoras extranjeras durante el mandato presidencial de Alejandro Toledo, una tesis que coincide con los esquemas delictivos previamente expuestos ante los tribunales.
Este importante revés judicial para el entorno de la otrora pareja presidencial ocurre en un escenario legal sumamente complejo para el exlíder de Perú Posible.
En la actualidad, Alejandro Toledo se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, donde cumple dos condenas efectivas de prisión por su responsabilidad penal en los expedientes de la Carretera Interoceánica Sur y el caso Ecoteva, mientras que su esposa Eliane Karp permanece fuera del alcance de la justicia peruana.