Alex Guerrero: Piero Corvetto debe responder si conocía irregularidades

El abogado penalista Alex Guerrero advirtió que podrían existir responsabilidades penales en la conducción del proceso electoral si se comprueba que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, tuvo conocimiento previo de las fallas registradas durante las Elecciones Generales 2026 y no adoptó medidas correctivas.

En entrevista con Canal N, el especialista sostuvo que, por su cargo, Corvetto tiene la obligación de supervisar todo el proceso electoral, incluyendo la distribución del material y la operatividad del sistema logístico. “Como máxima autoridad, debe conocer cómo se está llevando la distribución del material electoral. Es su función”, indicó.

Guerrero explicó que, en el ámbito penal, no basta con sospechas o percepciones ciudadanas, sino que se requiere evidencia concreta para determinar responsabilidades.

En ese sentido, precisó que una comunicación directa —como un mensaje, correo o testimonio formal— que pruebe que el jefe de la ONPE fue advertido de irregularidades y no actuó, podría configurar un delito.

El abogado también cuestionó la gestión logística del proceso electoral, señalando que, ante retrasos en la entrega de material, la ONPE debió coordinar con las Fuerzas Armadas para garantizar su traslado oportuno. “Ese tipo de decisiones debieron tomarse con anticipación”, remarcó.

Denuncias vinculadas a la contratación de empresas para el transporte

Sobre las denuncias vinculadas a la contratación de empresas para el transporte de material electoral, Guerrero indicó que, de comprobarse que se omitieron antecedentes o sanciones previas de una compañía, podría configurarse un acto doloso.

“Si los términos de referencia fueron modificados para favorecer a una empresa, estaríamos ante un posible caso de corrupción, como colusión o concusión”, señaló.

No obstante, el especialista fue enfático en precisar que, hasta el momento, no se puede hablar de fraude electoral. “Sin pruebas, no hay caso. En derecho penal todo se basa en evidencia”, afirmó.

Asimismo, descartó que una eventual incompetencia administrativa constituya automáticamente un delito. Explicó que para una sanción penal se debe demostrar intención o voluntad de afectar el proceso electoral, lo que requiere una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público y otras entidades competentes.

Finalmente, Guerrero consideró que las responsabilidades no deben centrarse únicamente en la máxima autoridad, sino también en funcionarios de niveles intermedios que pudieron haber incumplido sus funciones durante el proceso