Allanan casa de Nicanor Boluarte en San Borja
El Ministerio Público allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito limeño de San Borja. La operación se realizó en horas de la madrugada como parte del operativo Ícaro, en una investigación que incluye delitos de corrupción y presunto uso indebido de influencias.
El operativo, ejecutado con apoyo de la Policía Nacional del Perú, se realizó simultáneamente en otros inmuebles vinculados al caso. La intervención responde a una denuncia fiscal que incluye, entre otros, presunto favorecimiento a empresas mineras y ocultamiento de pruebas.
Allanamiento a Nicanor Boluarte fue ejecutado por el Ministerio Público
La diligencia de allanamiento comenzó aproximadamente a las 5:20 a. m. y fue dirigida por un equipo de fiscales anticorrupción, en compañía de agentes de la Policía Nacional. El inmueble intervenido está ubicado en San Borja y pertenece a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte.
Este procedimiento judicial forma parte del operativo Ícaro, una estrategia del Ministerio Público para investigar redes de presunta corrupción. En paralelo, también se allanó una oficina ubicada en el centro empresarial de San Isidro, relacionada con el general en retiro Percy Tenorio, persona cercana al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Investigación incluye delitos de corrupción y encubrimiento
La investigación fiscal señala que Nicanor Boluarte es acusado de cuatro presuntos delitos: favorecimiento ilícito en procesos administrativos de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos para mantener a generales en sus cargos, favorecimiento a la mina El Dorado y encubrimiento de pruebas.
Se habría buscado asegurar un entorno laboral estable para Nicanor Boluarte a través de empresas afines. Este punto es investigado como parte de una posible estrategia de arraigo artificial para eludir otras medidas judiciales. Las autoridades también investigan si hubo encubrimiento deliberado de evidencia relevante.
Caso mina El Dorado implica posible uso político de operativos policiales
Entre agosto y septiembre de 2024, los propietarios de las minas El Dorado, Agripina 1 y Agripina 2 perdieron el control de sus terrenos debido a la falta de autorización por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho. A pesar de esta restricción, diferentes personas habrían ingresado a la zona sin autorización.
En ese contexto, se habría impulsado un operativo policial para recuperar los terrenos, cuando Juan José Santiváñez aún era ministro del Interior. El traslado de efectivos policiales a la zona estaría vinculado al presunto favorecimiento ilícito de intereses privados, en perjuicio de procedimientos administrativos regulares.