Amoretti: Rechazo a tutela de Boluarte fue legal y justificado
El abogado penalista enfatizó que esta decisión permite que tanto la Fiscalía como el Congreso continúen con sus respectivas funciones. El Congreso puede aceptar o archivar la denuncia constitucional
La defensa de la presidenta Dina Boluarte sufrió un revés luego de que el Poder Judicial rechazara su tutela de derechos, que buscaba anular la denuncia constitucional y la investigación de la Fiscalía en su contra.
Esta se refiere a la presunta desactivación irregular del grupo policial que brindaba apoyo al equipo especial EFICCOP.
El abogado penalista Mario Amoretti explicó a Canal N que el rechazo se debe a que las diligencias realizadas por la Fiscalía fueron legales, al haberse declarado secretas conforme al artículo 68 del Código Procesal Penal.
Según el juez supremo, no se vulneraron derechos fundamentales, ya que la actuación fiscal no requirió autorización judicial por no tratarse de medidas coercitivas.
Amoretti enfatizó que esta decisión permite que tanto la Fiscalía como el Congreso continúen con sus respectivas funciones. El Congreso puede aceptar o archivar la denuncia constitucional, mientras que la Fiscalía mantiene la potestad de seguir investigando.
Incluso si el Congreso decide archivar el caso, la investigación podría reabrirse en 2026, una vez culminado el mandato presidencial. El abogado recordó que el Tribunal Constitucional ha validado este proceder, diferenciando claramente entre investigar y acusar a un presidente en funciones.
Declaraciones de testigos protegidos seguirán vigentes
El caso incluye testimonios de los policías Carlos Herrera y otro testigo cuya identidad está reservada. Según Amoretti, las declaraciones se mantendrán válidas, pues fueron tomadas legalmente bajo secreto. Estas forman parte de la sustentación de la investigación por presunto encubrimiento personal.
El rechazo judicial también establece que no corresponde declarar nulas estas diligencias, ya que la tutela fue presentada cuando la denuncia ya se encontraba en manos del Congreso, fuera del ámbito del juez.
Precedente legal y próximos pasos
La resolución judicial crea un precedente que dificultará futuras nulidades promovidas por la defensa de la presidenta. Amoretti precisó que mientras no se presente una acusación formal —prohibida durante el mandato presidencial— la Fiscalía sí puede continuar acumulando pruebas.
El abogado también sostuvo que el argumento de la defensa, sobre la supuesta distracción del ejercicio presidencial por estas investigaciones, carece de sustento jurídico. “Si se comete un delito, corresponde investigarlo”, concluyó.