ANC rechaza pruebas de Vela y Pérez en proceso disciplinario
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público resolvió rechazar múltiples actuaciones probatorias presentadas por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez en el marco de sus procesos disciplinarios.
Así lo establece la emisión de las resoluciones N.° 315-2025-ANC-MP-DGPD-DPD y N.° 345-2025-ANC-MP-DGPD-DPD, que reactivan formalmente los procedimientos abiertos en su contra.
Ambos fiscales son investigados por presuntas faltas cometidas durante sus actuaciones como miembros del Equipo Especial Lava Jato.
En el caso de Vela, se analiza su rol como fiscal superior coordinador; mientras que a Pérez se le investiga por su labor como fiscal provincial supranacional en casos de corrupción de funcionarios.
Las resoluciones emitidas descartan la pertinencia, conducencia o utilidad de varias pruebas ofrecidas por los fiscales. Entre ellas, declaraciones de altos exfiscales como Zoraida Ávalos, Patricia Benavides y Pablo Sánchez; además de transcripciones de entrevistas, informes internacionales e incluso amicus curiae relacionados a derechos fundamentales.
Para la ANC, dichas pruebas no están directamente vinculadas con los hechos imputados o ya fueron acreditadas por otros medios.
Contexto del proceso y tensiones previas
El origen del proceso disciplinario se remonta a febrero de 2023, cuando ambos fiscales no participaron en la entrega del expresidente Alejandro Toledo, pese a que el equipo especial tenía a su cargo los procesos por el caso Ecoteva.
La exposición pública del evento fue liderada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuya participación en ese momento fue cuestionada por carecer de competencia en el caso.
La situación derivó en una serie de declaraciones de ambos fiscales a medios de comunicación, lo cual también forma parte de las actuaciones disciplinarias en su contra, bajo el argumento de una posible infracción a la normativa interna sobre declaraciones públicas.
Actualmente, varias diligencias solicitadas por los fiscales siguen sin ser atendidas, y la ANC mantiene abierto el proceso con nuevos plazos ampliados para evaluar más pruebas, pese a los cuestionamientos sobre su imparcialidad e independencia funcional.
ANC rechaza actuaciones probatorias clave
Según las resoluciones, las declaraciones propuestas por los investigados no cumplían con los criterios de utilidad o pertinencia establecidos en el reglamento. Se argumenta, por ejemplo, que entrevistas emitidas por medios de comunicación o documentos internacionales no tienen valor probatorio formal en el contexto del proceso disciplinario.
Además, la ANC aclaró que “declarar no ha lugar” a ciertas pruebas implica que estas no podrán ser consideradas durante el desarrollo de las investigaciones internas, afectando así la estrategia de defensa de los fiscales implicados.
A pesar de que se presentaron diversos medios probatorios desde febrero y marzo de este año, el órgano de control disciplinario recién se pronunció sobre su admisión tras una ampliación del plazo de diligencias por 60 días hábiles, autorizada en mayo pasado.
ANC determina que algunas pruebas no aportan al caso
Entre las pruebas declaradas improcedentes figuran documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y declaraciones emitidas en medios como Willax o Panamericana. Según la ANC, estos materiales no se relacionan directamente con los hechos imputados a Vela y Pérez o bien ya han sido recogidos por otras fuentes válidas.
El rechazo incluye informes sobre libertad de expresión, defensa institucional del Ministerio Público o presuntas presiones internas, por no tener vinculación directa con las actuaciones por las que se sigue el proceso disciplinario.
La decisión ha sido interpretada por fuentes fiscales como una limitación al ejercicio pleno del derecho a la defensa, más aún cuando el proceso disciplinario se da en medio de cuestionamientos internos y externos sobre la imparcialidad del sistema de control del Ministerio Público.
Fiscal Pérez pidió suspensión de jefe de la ANC
Como se recuerda, en junio pasado, el fiscal José Domingo Pérez solicitó la suspensión del jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jeri, por presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con la red de Patricia Benavides.
En su solicitud, el fiscal argumentó que permitir la continuidad de Fernández Jeri en el cargo representaba un riesgo para la investigación penal, ya que podría manipular pruebas, obstaculizar diligencias o presionar a testigos clave.
Pérez y Vela son considerados agraviados directos de esa presunta red, según su denuncia. Ambos tienen medidas cautelares vigentes dictadas por la CIDH para proteger su labor como fiscales y su integridad personal y familiar.
El documento que sustenta la solicitud fue remitido a la fiscal de la Nación y al área de denuncias constitucionales, y se basa en el artículo 298.1.b del Código Procesal Penal, que habilita medidas cautelares para prevenir el entorpecimiento de procesos o la reiteración delictiva.