ANGR: Prisión preventiva debe aplicarse de forma excepcional tras caso Ciro Castillo
La ANGR expresó su respeto irrestricto a la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, y consideró necesario fijar posición sobre la aplicación de medidas coercitivas contra autoridades regionales elegidas por voto popular
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emitió un pronunciamiento tras la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao que anuló la prisión preventiva contra el gobernador regional Ciro Castillo Rojo y dictó comparecencia con restricciones.
En su comunicado, la ANGR expresó su respeto irrestricto a la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, y consideró necesario fijar posición sobre la aplicación de medidas coercitivas contra autoridades regionales elegidas por voto popular.
La Asamblea señaló que la imposición de medidas como la prisión preventiva no solo tiene un impacto directo en la esfera personal del investigado, sino que también puede afectar la institucionalidad democrática y la imagen de los gobiernos regionales, especialmente cuando se trata de autoridades en ejercicio.
En ese sentido, indicó que este tipo de medidas debe aplicarse de manera excepcional, estrictamente necesaria y debidamente motivada, conforme a los estándares constitucionales y convencionales vigentes.
Compromiso contra la corrupción y respeto al debido proceso
La ANGR reiteró su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles de gobierno, así como con la defensa del Estado Constitucional de Derecho. Señaló que investigar y sancionar los delitos es una obligación, pero siempre garantizando los derechos fundamentales y la estabilidad institucional de las regiones.
Asimismo, reafirmó que las investigaciones deben desarrollarse con objetividad, imparcialidad y pleno respeto del debido proceso, en concordancia con los principios que rigen el sistema democrático y el funcionamiento de las instituciones del Estado.
El pronunciamiento se da en el contexto del debate generado tras la decisión judicial que permitió a Ciro Castillo Rojo afrontar la investigación en libertad bajo restricciones, mientras se define su situación legal y administrativa en el Gobierno Regional del Callao.