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Aníbal Quiroga: El caso de Pedro Castillo no aplica para el indulto, ni para la gracia presidencial

El constitucionalista afirmó que el séptimo pedido presentado a favor del expresidente carece de sustento jurídico y advirtió que un eventual otorgamiento del beneficio generaría responsabilidades constitucionales y penales

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que el séptimo pedido presentado para otorgar un indulto o una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo no reúne los requisitos establecidos en la Constitución./ Video: Canal N

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que el séptimo pedido presentado para otorgar un indulto o una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo no reúne los requisitos establecidos en la Constitución y, por tanto, debe ser declarado improcedente, tal como ocurrió con las seis solicitudes anteriores.

En entrevista con Canal N, explicó que el ordenamiento constitucional diferencia claramente ambas figuras. Precisó que el indulto solo puede aplicarse a una persona que cuenta con una sentencia firme, mientras que la gracia presidencial procede únicamente en supuestos excepcionales relacionados con la duración excesiva de un proceso penal.

"El expresidente Castillo no está en ninguno de los dos supuestos y, por lo tanto, ese nuevo pedido también tendría que ser desestimado", señaló.

Quiroga recordó que el indulto extingue el cumplimiento de la pena, pero no elimina la responsabilidad penal ni los antecedentes judiciales del beneficiario, mientras que la gracia presidencial pone fin a un proceso penal únicamente cuando se cumplen las condiciones previstas por la Constitución.

Sentencia aún no está firme

Respecto a la condena impuesta a Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión, el constitucionalista indicó que esta no constituye una sentencia firme debido a que la defensa del exmandatario interpuso un recurso de apelación que aún se encuentra pendiente de resolución.

"Si está sujeto a una apelación, no es firme. La Corte Suprema podría confirmarla, modificarla o incluso absolverlo. Por eso no califica para un indulto", explicó. Añadió que tampoco corresponde la gracia presidencial, ya que el proceso judicial no encaja en el supuesto constitucional que permite otorgar dicho beneficio.

Advierte responsabilidades para el Ejecutivo

Quiroga también advirtió que, si el presidente José María Balcázar decidiera otorgar un indulto o una gracia presidencial fuera de los supuestos previstos por la Constitución, tanto él como el ministro que refrende la decisión asumirían responsabilidades constitucionales y penales.

Explicó que los actos presidenciales requieren obligatoriamente el refrendo ministerial, conforme al artículo 120 de la Constitución. "El presidente no puede decidir solo. Si un ministro firma una resolución de este tipo, ambos podrían ser objeto de una acusación constitucional porque estarían excediendo sus funciones", sostuvo.

El constitucionalista también se refirió a la reciente decisión del Tribunal Constitucional que declaró improcedente un hábeas corpus presentado para dejar sin efecto la vacancia presidencial de Pedro Castillo.

Indicó que el máximo intérprete de la Constitución ya había determinado anteriormente que la vacancia aprobada por el Congreso fue válida debido al intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. "El Tribunal Constitucional ya resolvió que la vacancia estuvo correctamente aplicada. No puede contradecir esa decisión mediante un hábeas corpus", afirmó.

"Buscan convertirlo en líder de la oposición"

Desde una perspectiva política, Quiroga consideró que las reiteradas acciones legales buscan lograr la salida de Castillo del establecimiento penitenciario para que pueda asumir un rol activo en la oposición al próximo gobierno.

"Creo que la intención es sacarlo para que lidere las protestas en las calles, porque tiene un mayor arrastre político que otros dirigentes", manifestó.

Finalmente, sostuvo que los procesos judiciales deben respetarse y que las decisiones adoptadas por el Poder Judicial no pueden ser sustituidas por decisiones políticas.

"Un golpe de Estado es un golpe de Estado. Las responsabilidades tienen que ser determinadas por la justicia y las sentencias deben cumplirse en un Estado de derecho", concluyó.

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