Aportaron para campaña de APP y trabajan para el Estado
Trabajadores de Llamkasun Perú aportaron miles de soles a la campaña electoral de su directora Jessica Tumi Rivas, según reveló Cuarto Poder
Un grupo de trabajadores y contratistas del programa estatal Llamkasun Perú, del Ministerio de Trabajo, figuran como financistas de la campaña electoral al Congreso de su propia directora ejecutiva, Jessica Tumi Rivas, según los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con una investigación de Cuarto Poder, diversos militantes y colaboradores de Alianza para el Progreso realizaron aportes en dinero o en especie para la candidatura de Tumi Rivas y, posteriormente, obtuvieron órdenes de servicio o contrataciones directas en la institución que ella dirige desde septiembre de 2023.
La revisión de la nómina del programa público reveló que casi una docena de personas que obtuvieron contratos directos en la entidad aparecen simultáneamente en los padrones oficiales de aportantes de la campaña parlamentaria. Varios de los financistas inscritos en los registros electorales no contaban con experiencia previa como proveedores del Estado ni figuraban en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) antes de realizar las entregas financieras o en especie a favor de la funcionaria, obteniendo sus contratos días después de formalizar su apoyo económico.
La modalidad de contratación de aportantes en el programa estatal Llamkasun Perú
El análisis de las contrataciones en Llamkasun Perú demuestra un patrón recurrente entre la formalización de los aportes electorales y la emisión de órdenes de servicio en el Ministerio de Trabajo. De acuerdo con el expediente electoral de la ONPE, Jean Pierre Ampudia Leguía, de 30 años de edad, realizó dos aportes en especie a la campaña de Jessica Tumi Rivas por un monto total de 8 mil soles, efectuados el 3 y 5 de febrero. El 7 de febrero, dos días después de su último aporte, Ampudia Leguía tramitó su Registro Nacional de Proveedores y ese mismo mes obtuvo su primera contratación pública por un valor de 12 mil soles mediante dos órdenes de servicio.
El financista Jean Pierre Ampudia Leguía declaró que formaba parte del equipo de campaña del partido político y que apoyó a Jessica Tumi Rivas de manera personal por un vínculo de amistad. Asimismo, afirmó que su respaldo económico no influyó en la consecución de sus contratos en el Ministerio de Trabajo, indicando que ingresó a laborar a la institución en el mes de febrero. Sin embargo, los documentos oficiales muestran que el contratista nunca antes había prestado servicios para entidades del Estado como persona natural.
Por su parte, el especialista en contrataciones públicas José Trelles señaló que la correlación cronológica entre la formalización de un aporte de campaña y la inmediata obtención de una orden de servicio genera la presunción de una irregularidad administrativa. De acuerdo con el especialista, la presencia de este tipo de contrataciones directas sin experiencia previa en el sector público constituye una prueba de potencial injerencia que podría encuadrarse en los presuntos delitos de negociación incompatible o colusión.
El registro de financistas y las órdenes de servicio adjudicadas en la institución
La lista de servidores públicos de Llamkasun Perú que figuran como financistas de su directora ejecutiva abarca a múltiples contratistas que ingresaron a la institución durante el año 2024. El trabajador Sergio Javier Gutiérrez García, quien no registraba contrataciones previas con el Estado, ingresó a laborar a la entidad en 2024, acumuló 6 órdenes de servicio y posteriormente reportó un aporte de 4 mil 500 soles a la campaña electoral de Jessica Tumi Rivas.
En el mismo periodo, Jorge Andrés Campos Gavidia ingresó a prestar servicios en el Ministerio de Trabajo y obtuvo 11 órdenes de servicio dentro del programa social. Según los padrones de la ONPE, Campos Gavidia figura como aportante de 10 mil soles mediante la elaboración de agendas publicitarias destinadas a la campaña de la funcionaria. Asimismo, Álvaro Pérez García, contratado desde el 8 de agosto de 2024 como analista de información y procesamiento de datos, acumula 11 órdenes de servicio y registra un aporte de 8 mil soles para la candidatura parlamentaria.
A estos casos se suma el de José Luis Lizano Caichihua, quien ingresó a la entidad en 2024 para brindar servicios de asistencia en labores generales y operatividad del programa. Lizano Caichihua registra 13 órdenes de servicio emitidas por la institución y aparece en el registro de la ONPE como financista de la campaña de Jessica Tumi Rivas con una entrega de 4 mil 500 soles. En total, la investigación identificó a casi una docena de servidores de la misma oficina que entregaron fondos para el sostenimiento del despliegue electoral de su superior jerárquica.
La permanencia en el cargo y los marcos de fiscalización administrativa y electoral
Jessica Tumi Rivas se desempeñó como candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por César Acuña y aspiró a una representación en el Congreso de la República. Tras la culminación del proceso electoral, la funcionaria continuó al frente de la dirección ejecutiva de Llamkasun Perú, cargo que ocupa desde septiembre de 2023 de manera ininterrumpida. Durante las últimas semanas, Tumi Rivas ha mantenido actividades oficiales conjuntas con el ministro de Trabajo, Juan Sheput, en inspecciones a zonas afectadas por emergencias en Villa El Salvador y la región Junín.
Respecto a la supervisión de estos fondos, la especialista en materia electoral Silvia aclaró que las competencias fiscalizadoras de la ONPE se restringen a verificar la identidad de los aportantes y la cuantía de los montos declarados. La especialista indicó que el organismo electoral no posee las facultades para determinar si los financistas contaban con la capacidad económica suficiente ni para investigar posibles vínculos directos con las entidades donde laboran. No obstante, advirtió que la existencia de presunta coacción o condicionamiento sobre los trabajadores excede la vía administrativa y constituye un hecho punible.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, respaldó públicamente la continuidad de la funcionaria al manifestar que su despacho evaluó la situación en el terreno junto a Jessica Tumi Rivas y el equipo del programa estatal. Pese a las evidencias documentales que vinculan los aportes de campaña con la posterior emisión de órdenes de servicio en el sector público, la directora ejecutiva continúa ejerciendo sus funciones en la administración del programa de empleo temporal.