APP: Oferta electoral con 20 % de sentenciados
Una investigación de Cuarto Poder reveló que 53 postulantes de Alianza Para el Progreso cuentan con sentencias firmes por corrupción, homicidio culposo y violencia familiar. Pese al discurso anticorrupción de César Acuña, el partido mantiene a estos candidatos en carrera
¿Cuál es el perfil judicial de los candidatos de Alianza Para el Progreso?
Una investigación de Cuarto Poder reveló que el 20% de la oferta electoral del partido que lidera César Acuña cuenta con sentencias firmes. Se trata de 53 candidatos que registran condenas por delitos como corrupción de funcionarios, homicidio culposo, lesiones graves, omisión a la asistencia familiar y violencia familiar. Del total de sentenciados, 32 postulan a la Cámara de Diputados, 20 al Senado y uno al Parlamento Andino.
Entre los casos más críticos se encuentra el de Yonel Condezo Valderrama, conocido como el "médico del pueblo", quien postula a diputado por Lima. Condezo registra una sentencia de 1995 por homicidio culposo con dos años de pena suspendida. Además, en su hoja de vida figuran tres fallos adicionales: una orden de alimentos en 2007, una demanda fundada por violencia familiar en 2008 que le ordenó tratamiento psicológico, y un aumento de pensión en 2014.
Asimismo, la lista incluye a Guisela Ayvar Gutiérrez, trabajadora social que postula por Ayacucho. Ayvar fue condenada por el delito de lesiones graves tras agredir físicamente a su suegra de 75 años en un incidente donde le cercenó parte de un dedo. La candidata se acogió a la terminación anticipada, reconociendo su responsabilidad. Aunque fue rehabilitada judicialmente hace apenas un mes, su postulación ha generado fuertes cuestionamientos dentro de la región.
¿Qué denuncias por corrupción y falsedad pesan sobre los postulantes de APP?
El informe periodístico también pone bajo la lupa a Edgar León Ordóñez, candidato a diputado y magíster por la universidad de César Acuña. León fue inhabilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado en tres ocasiones (noviembre de 2024 y octubre de 2025) por presentar documentación falsa para obtener órdenes de servicio. Además, exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) lo señalaron como presunto operador para el cobro de coimas mensuales.
Otro caso relevante es el de Luis Orihuela Lazo, candidato por Junín, sentenciado a tres años de prisión suspendida por exposición al peligro tras la muerte de una paciente intervenida quirúrgicamente. Por su parte, Mariano Baca Anaya, exalcalde y actual candidato, registra una condena por falsedad genérica tras ser vacado por nepotismo en 2009. Baca habría presionado a subordinados para la contratación de su cuñado en la municipalidad.
En el Congreso actual, las legisladoras Magaly Ruíz y Rocío Torres buscan la reelección pese a las investigaciones fiscales por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores, esquema conocido como 'mochasueldos'. Ambas parlamentarias mantienen procesos abiertos por delitos relacionados con la corrupción de funcionarios, sumándose a la lista de candidatos que ensombrecen el discurso de transparencia del partido.
¿Quiénes son los exministros y figuras cuestionadas que buscan un escaño?
Alianza Para el Progreso ha incorporado a su lista a figuras vinculadas al gobierno de Dina Boluarte. Juan José Santiváñez, exministro del Interior y de Justicia, postula al Senado con seis investigaciones fiscales abiertas y un historial de falta de colaboración con la justicia. Santiváñez es además accionista mayoritario de dos empresas que mantienen deudas coactivas con la SUNAT y EsSalud que superan los 271 mil soles por obligaciones no canceladas.
La lista se completa con el actual parlamentario Alejandro Soto, quien busca simultáneamente la segunda vicepresidencia y una curul en la cámara de diputados. Soto registra tres sentencias por difamación y ha sido cuestionado por el presunto uso de trabajadores del Congreso para atacar a críticos mediante troles digitales. Según el Jurado Electoral Especial de Trujillo, tanto Soto como Magaly Ruíz habrían infringido el principio de neutralidad electoral al usar sus cargos para hacer campaña.
Pese a que César Acuña sostiene en sus mítines que en APP los "corruptos van a la cárcel", el partido ha evitado brindar descargos oficiales sobre la presencia de estos 53 sentenciados en su lista. La ley actual permite su participación al estar rehabilitados, dejando en manos del electorado la decisión final sobre la idoneidad de estos perfiles para ocupar cargos de representación nacional en las próximas elecciones.