Aprueban inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

El Pleno del Congreso de la República aprobó este 3 de diciembre la inhabilitación por 10 años de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, para ejercer cargos públicos o retornar al Ministerio Público. La sanción fue ratificada en una segunda votación, luego de que en una primera sesión no se alcanzara el número mínimo de votos.

La medida se aprobó con 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, superando el umbral requerido tras aceptar dos pedidos de reconsideración. Esta decisión impide que Espinoza retorne a sus funciones en el Ministerio Público.

Qué motivó la sanción: acusación constitucional y presunta vulneración de la Ley 32130

La inhabilitación se basa en la acusación de que Espinoza habría respaldado un reglamento interno denominado “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, considerado por los denunciantes como una violación a la Ley 32130, que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la conducción de investigaciones preliminares.

La denuncia constitucional presentada por varios congresistas incluye los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Además, la sanción implica la recomendación de levantar el fuero de Espinoza, lo que permitiría iniciar una investigación penal en su contra ante la Corte Suprema.

Defensa, denuncias de venganza política y cuestionamientos al proceso

En su intervención, Delia Espinoza denunció que lo ocurrido sería una “venganza política” y cuestionó la legalidad del proceso. Afirmó que su defensa busca demostrar que no participó en la firma del reglamento cuestionado y que se le estaría sancionando injustamente.

Espinoza también criticó lo que calificó como arbitrariedades del Legislativo, e insistió en que la sanción vulnera los principios del debido proceso y de independencia del Ministerio Público.

Contexto político: separación de otros fiscales supremos

El proceso original incluía denuncias contra otros tres fiscales supremos —Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos— por los mismos hechos. Sin embargo, la Comisión Permanente aprobó la sanción solo para Espinoza.

La decisión ha generado críticas de diversos sectores que cuestionan la selectividad del juicio y alertan sobre posibles motivaciones políticas detrás de la destitución.