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Ley contra el acoso sexual callejero fue aprobada mayoritariamente en el Congreso

A pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer
Foto: blog acosocallejerosv

(ANDINA).- A pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley con el que se previene y sanciona hasta con 12 años de prisión el llamado acoso sexual callejero.

Luego de un cuarto intermedio, para recoger las sugerencias presentadas durante su debate, la norma fue aprobada por 76 votos a favor y dos abstenciones, y exonerada de la segunda votación.

La Ley de prevención, atención y sanción del acoso sexual en los espacios públicos, tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual en lugares de uso público (calles, avenidas, parques plazas y otros) y en los medios de transporte público, que afecten la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física y moral de niños, adolescentes y mujeres.

El proyecto propone reprimir con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años a quien, sin propósito de tener contacto carnal, realiza sobre una persona u obliga a esta a efectuar sobre sí misma o sobre un tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos con connotación sexual en cualquier parte del cuerpo.
 
La sanción aumentaría hasta cinco años si se realiza con violencia o con grave amenaza; a siete años si el agente tuviese la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica que le confiriese autoridad sobre la víctima; y hasta diez años si se tratase de un menor de siete años.
 
La pena será no mayor de nueve años, si la víctima fuese menor de diez años; ni mayor a ocho años de cárcel, si se tratase de un menor de catorce años; y no mayor a diez años, en caso se tratase de un menor de catorce años.
 
En tanto, la cárcel sería no mayor de doce años si el acto tuviese un carácter degradante o causase daños físico o mental de la víctima, que el agente pudiese prever.
 
El dictamen, igualmente, propone una serie de obligaciones a los gobiernos regionales, provinciales y locales; a los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Educación, de Salud, de Transportes y Comunicaciones y del Interior, en este último caso a través de la Policía Nacional del Perú.

 

 

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