Archivan denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja
El informe técnico determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores carece de facultades en el sistema electoral y desestimó la existencia de presuntos delitos funcionales del ministro.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República resolvió declarar improcedente y enviar al archivo de forma definitiva el recurso formulado por presuntas irregularidades operativas en la segunda vuelta electoral.
El informe de calificación técnica concluyó que no se logró acreditar un agravio directo ni la existencia de una infracción o delito de función que resulte atribuible al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con esta resolución parlamentaria, queda desestimada la denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja que buscaba la apertura de un juicio político y un proceso de antejuicio por el sufragio de los peruanos en el extranjero.
El pronunciamiento del grupo de trabajo legislativo precisó que las competencias en materia de organización y fiscalización corresponden de forma exclusiva a los organismos del sistema electoral y no al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Previamente, la denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja había sido ingresada a las instancias parlamentarias por Pablo Salas Charca, en su condición de personero legal alterno de la agrupación política Juntos por el Perú.
La resolución emitida por el Congreso de la República deja sin efecto legal los requerimientos multipartidarios formulados contra el jefe de la diplomacia peruana.
Antecedentes y acusaciones presentadas por el partido
Los hechos que motivaron el inicio de este proceso en el Parlamento se suscitaron el pasado 22 de junio, fecha en la que el partido liderado por Roberto Sánchez interpuso el recurso legal.
En el documento original de la denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja, la organización de izquierda lo señalaba como presunto responsable de anomalías operativas en la movilización de las actas de votación de los ciudadanos residentes en el exterior durante el balotaje presidencial del año 2026.
Los argumentos del partido sostenían supuestas transgresiones a la Carta Magna y la presunta comisión de delitos de fraude electoral y omisión de funciones.
Los cuestionamientos del grupo político se concentraron de manera específica en un supuesto cambio injustificado en las directivas de transporte empleadas para los documentos oficiales de escrutinio.
Juntos por el Perú alegaba que el despacho ministerial varió el método de digitalización inmediata usado en la primera vuelta por un traslado físico mediante valijas diplomáticas.
Bajo sus criterios de partido, esta medida supuestamente vulneró la cadena de custodia estatal, argumento que fue desestimado por el grupo parlamentario al archivar la denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja.
Descargos institucionales del sector diplomático
El mismo 22 de junio, tras tomar conocimiento del recurso en el Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores rechazó de manera categórica las imputaciones formuladas en su contra.
El titular de la cartera diplomática negó cualquier interferencia, manipulación o favorecimiento político en el procesamiento de las actas correspondientes al extranjero. El canciller aclaró que el rol de su sector se limita estrictamente a labores logísticas y de asistencia consular, por lo que defendió la gestión institucional ante la denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja.
El diplomático remarcó que las misiones de observación internacional y los organismos de control del Estado, como la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, no identificaron ninguna observación técnica durante las jornadas electorales fuera del territorio nacional.
Carlos Pareja sostuvo en sus descargos que su gestión se ciñó a los principios de legalidad y neutralidad del Poder Ejecutivo. Tras evaluarse las competencias de la Cancillería y los entes electorales, la Subcomisión del Parlamento determinó el cierre del caso de la denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja.