Basombrío cuestiona viaje de Keiko Fujimori a El Salvador: “Debió hacerlo antes de asumir el cargo”

El exministro del Interior Carlos Basombrío expresó sus reparos sobre la posibilidad de replicar en el Perú el modelo de seguridad y el sistema penitenciario de El Salvador, impulsado por el presidente Nayib Bukele.

Si bien consideró urgente construir establecimientos de máxima seguridad, sostuvo que las condiciones del país son distintas y que las medidas anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori deben responder a la realidad peruana.

Durante una entrevista con Canal N, Basombrío cuestionó los aspectos políticos y de derechos humanos del gobierno salvadoreño. También recordó que el propio Bukele ha señalado que su estrategia no puede trasladarse íntegramente a países más grandes.

“Yo tengo serias dudas de que lo que ocurre sea replicable”, manifestó. Añadió que la visita de Fujimori a El Salvador debió realizarse antes de asumir el cargo o al inicio de su gestión, para evaluar con anticipación qué medidas podrían adaptarse al Perú.

"Bukele ha violado todos los principios elementales de derechos humanos que están en nuestra Constitución. Ha violado todos los principios democráticos, se ha reelegido, aun cuando la Constitución lo prohibía, controla el Senado, controla los jueces. No sé si ese es el modelo que quisiéramos tener acá", declaró.

"Este viaje, en todo caso, debió hacerlo hace 100 días o antes de asumir el cargo. O sea, da cuenta de una improvisación muy grande en lo que son las políticas de seguridad. Ya tuvo un periodo previo donde hubiera ido, y el presidente Bukele estaría encantado de recibirla en ese momento. Y todas estas cosas hubieran podido ser viables para el Perú. Yo tengo serias dudas de que lo que ocurre sea replicable", expresó.

Basombrío considera urgente construir penales de máxima seguridad

El exministro coincidió con la necesidad de contar con establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, debido al hacinamiento y las dificultades para controlar las actividades criminales desde las cárceles. Sin embargo, puso en duda que el Gobierno pueda construir ocho penales en un plazo de seis meses, debido a las demoras que suelen enfrentar las obras públicas en el país.

En ese sentido, mencionó el penal de alta seguridad de Ica, cuya construcción permanece paralizada desde hace varios años debido, según explicó, al rechazo de pobladores de zonas cercanas.

Basombrío sostuvo que el Gobierno debería retomar esa obra y adoptar medidas para superar los obstáculos que impiden su culminación. También señaló que existen créditos de organismos internacionales por aproximadamente 800 millones de dólares destinados a la construcción de establecimientos penitenciarios, aunque precisó que no tiene certeza de que ese monto alcance para ejecutar todos los proyectos anunciados. “Necesitamos los penales de máxima seguridad con urgencia”, afirmó.

Exministro advierte sobre corrupción dentro de los penales

Basombrío también cuestionó que se destine personal de las Fuerzas Armadas a la vigilancia externa de los establecimientos penitenciarios. A su juicio, las fugas no representan el principal problema del sistema carcelario peruano, por lo que consideró que el control debe concentrarse en las actividades que se desarrollan dentro de los penales y en el ingreso de objetos prohibidos.

Asimismo, advirtió que las organizaciones criminales pueden ejercer presión y corromper a los agentes encargados de la seguridad penitenciaria.

Frente a este escenario, planteó que el control de los accesos a las cárceles sea encargado a empresas privadas mediante licitación. La propuesta, explicó, contempla el uso de tecnología de revisión similar a la empleada en los aeropuertos, así como la rotación frecuente del personal responsable de las inspecciones.

También propuso reforzar la identificación de las personas que ingresan y salen de los establecimientos penitenciarios mediante controles biométricos y mantener medidas para impedir el uso de teléfonos celulares desde el interior de las cárceles.

Basombrío plantea medidas contra el crimen organizado desde las cárceles

El exministro consideró que el control de las comunicaciones y de los accesos, junto con la construcción de penales de máxima seguridad, permitiría reducir la capacidad de las organizaciones criminales para operar desde los establecimientos penitenciarios.

Finalmente, señaló que el Gobierno debe afrontar el rechazo de algunas poblaciones a la construcción o ampliación de penales, como ocurre en Ica y, según mencionó, en el caso de Lurigancho. A su criterio, las autoridades deben explicar la necesidad de estas obras y tomar decisiones para concretarlas.