Benavides: Empresas sancionadas no podrán contratar con el Estado
Roberto Benavides señaló que el Tribunal de Contrataciones del Estado aún no ha iniciado un procedimiento sancionador, a pesar de la gravedad de los hallazgos. De aplicarse las sanciones, las empresas podrían quedar impedidas de contratar con el Estado
La Contraloría General de la República ha emitido tres informes que detectan irregularidades graves en procesos de contratación pública valorizados en S/ 315 millones.
Las observaciones alcanzan a los gobiernos regionales de La Libertad y Loreto, que deberán anular las adjudicaciones debido a omisiones sustanciales como la falta de garantías obligatorias y la presentación de documentos presuntamente falsos por parte de los consorcios ganadores.
En diálogo con Canal N, el especialista en contrataciones públicas, Roberto Benavides, advirtió que estos casos configuran una cadena de responsabilidad que podría escalar hasta las más altas autoridades regionales si se comprueba omisión o conocimiento de las irregularidades.
Los contratos en cuestión fueron adjudicados a empresas representadas por Lucero Coca, una joven de 23 años sin experiencia previa en el rubro.
La Contraloría ha determinado que la adjudicación se realizó sin verificar el cumplimiento de requisitos esenciales, como la garantía de fiel cumplimiento, cuyo monto ascendía a S/ 2 millones.
En el caso del Gobierno Regional de Loreto, la irregularidad fue detectada cinco meses después de la firma del contrato.
Contraloría detectó omisiones graves en los comités de selección
Según los informes, los comités de selección permitieron subsanar errores inadmisibles y asignaron puntajes indebidos a las propuestas técnicas.
Además, aceptaron cartas fianza emitidas por entidades no autorizadas. Estas acciones vulneraron los principios de transparencia y legalidad, comprometiendo la integridad del proceso de selección.
La Contraloría ha señalado que estos comités serían directamente responsables, tanto en el plano administrativo como en el penal, por los actos cometidos.
En esa línea, Benavides dijo que, aunque los gobernadores suelen apelar a la autonomía de los comités de selección, la magnitud de los contratos y el impacto presupuestal podrían derivar en una investigación más amplia sobre su grado de conocimiento o supervisión.
En el caso del Gobierno Regional de La Libertad, la Fiscalía ya inició diligencias preliminares contra dos funcionarios, lo que podría escalar a otros niveles si se comprueba alguna directiva irregular.
Benavides señaló que la nueva Ley de Contrataciones del Estado establece deberes claros para los titulares de pliego, quienes deben asegurar el control interno y verificar que los procesos de selección cumplan con los requisitos técnicos y legales.
Empresas consorciadas también enfrentarían sanciones
Además de las responsabilidades de los funcionarios públicos, la Contraloría advirtió que todas las empresas consorciadas podrían ser inhabilitadas para contratar con el Estado si se comprueba la presentación de documentos falsos.
Esto incluye incluso a aquellas que hayan tenido una participación minoritaria en los contratos, ya que, en muchos casos, prestaron su experiencia para legitimar la postulación del consorcio.
El Tribunal de Contrataciones del Estado aún no ha iniciado un procedimiento sancionador, a pesar de la gravedad de los hallazgos. De aplicarse las sanciones, las empresas podrían quedar impedidas de contratar con el Estado por varios años.
Posibles efectos en la ejecución de obras públicas
La anulación de estos contratos podría dejar paralizadas obras clave, especialmente en sectores como infraestructura educativa y vial.
Esta situación también abre la puerta a arbitrajes iniciados por las empresas afectadas, lo que genera un doble perjuicio al Estado: retrasos en la ejecución y costos adicionales en litigios.
Finalmente, preocupa la posibilidad de que las empresas recurran a medidas cautelares judiciales para seguir contratando mientras se resuelven las sanciones.
Esta práctica ha sido usada en otras ocasiones para eludir las inhabilitaciones, lo que pone en evidencia la necesidad de un mayor control en la aplicación de la normativa vigente.