Brookfield inicia nuevo arbitraje contra Estado peruano
Brookfield anunció el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado peruano, luego de que su subsidiaria Rutas de Lima aprobara el inicio del proceso de disolución y liquidación. Según la empresa, esta decisión fue adoptada debido a una serie de medidas calificadas como arbitrarias, abusivas y sostenidas por parte de distintas entidades del Estado, incluyendo la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La compañía señaló que estas acciones han afectado gravemente la viabilidad financiera del proyecto vial y derivaron en una pérdida de valor que ha llevado al patrimonio de la empresa a cifras negativas, según sus últimos estados financieros auditados.
Decisión de disolución de la Junta General de Accionistas
El 29 de septiembre, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima resolvió iniciar su proceso de disolución conforme a la Ley General de Sociedades.
Según Brookfield, esta decisión responde a actos que considera hostiles por parte de autoridades nacionales y municipales, los cuales habrían impedido el desarrollo operativo y financiero de la concesión.
Acciones que afectaron a Rutas de Lima
Entre los hechos señalados por Brookfield están la suspensión del cobro de peajes en Chillón y Conchán, lo que habría reducido en más del 60% los ingresos de la empresa.
También menciona la toma del Tramo Ramiro Prialé, con una inversión previa de más de S/500 millones, y la negativa del Estado a ejecutar laudos arbitrales internacionales por más de US$700 millones, validados en tribunales de Estados Unidos.
Fundamento del arbitraje internacional anunciado
Brookfield considera que estas acciones constituyen una “expropiación indebida” de su inversión en el país. A través de un comunicado, informó que ha iniciado un arbitraje internacional bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.
Según la empresa, el Estado ha sido notificado reiteradamente sin que se hayan tomado medidas correctivas.
Posición de la empresa frente al deterioro financiero
La empresa señaló que, pese a haber invertido más de S/3 300 millones en la infraestructura vial de Lima, no ha recuperado capital ni distribuido dividendos.
Afirma haber reinvertido la totalidad de sus ingresos en operación y mantenimiento. La actual situación habría imposibilitado su sostenibilidad financiera.
Brookfield detalla medidas judiciales y administrativas recibidas
El comunicado también indica que Rutas de Lima ha enfrentado decenas de procesos judiciales, hábeas corpus, acciones penales, multas consideradas excesivas y una campaña de difamación atribuida a autoridades locales.
Entre los puntos destacados figura la actuación del alcalde de Lima y menciones a señalamientos públicos en medios y redes sociales.
Consecuencias operativas y continuidad del servicio vial
A pesar del inicio del proceso de disolución, Rutas de Lima continuará operando las rutas concesionadas.
La empresa afirmó que mantendrá sus obligaciones en seguridad, mantenimiento y compromisos con trabajadores y proveedores, mientras se desarrolla el procedimiento legal correspondiente.
Reservas legales y expectativas frente al proceso arbitral
Brookfield anunció que se reserva todos sus derechos en el marco de los mecanismos legales disponibles.
En su comunicado, la compañía expresó que la situación en Perú representa un caso de destrucción de valor para la inversión extranjera y advirtió que recurrirá a instancias internacionales para resguardar sus intereses conforme al tratado bilateral aplicable.
Brookfield informó que su subsidiaria Rutas de Lima ha iniciado un proceso de disolución y liquidación debido a medidas que considera arbitrarias por parte de entidades del Estado peruano. La empresa alega pérdidas superiores al 60 % de ingresos tras la suspensión del cobro de peajes y la toma de tramos viales. Ante esta situación, Brookfield anunció el inicio de un arbitraje internacional amparado en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá. La compañía continuará operando las vías concesionadas durante el proceso legal y ha señalado que se reserva el derecho de acudir a todas las instancias correspondientes.