Capeco alerta que crimen organizado infiltra el sector construcción
El vicepresidente ejecutivo de Capeco también se refirió al caso de Fovipol en Piura, donde se detectó la compra de viviendas inhabitables. Indicó que estos fondos no deberían dedicarse a construir directamente, sino a financiar la adquisición de viviendas
Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), afirmó que el sector sufre extorsiones desde hace más de dos décadas.
Según explicó, organizaciones criminales han evolucionado en estructuras multidelictivas que, además de extorsionar, trafican terrenos, construyen de forma informal y lavan dinero a través actividades aparentes de legalidad.
Estas mafias operan con una logística superior a la de las autoridades y han logrado infiltrarse en gobiernos locales y sindicatos. Valdivia sostuvo que los delitos en construcción generan pérdidas equivalentes al 2% del PBI del sector, cifra que podría ascender a más de 1.000 millones de soles anuales.
Falsos sindicatos y tráfico de tierras alimentan la expansión informal
El representante de Capeco señaló que existen más de 1.300 sindicatos en el país no reconocidos por la principal federación del sector.
Según indicó, estas entidades funcionan como fachada para organizaciones delictivas que dominan territorios y controlan el desarrollo urbano mediante urbanizaciones informales y préstamos ilegales.
Valdivia mencionó estudios que revelan que el 93% de la expansión urbana en los últimos 20 años ha sido producto del tráfico de tierras y no de procesos formales de planificación. Las bandas, sostuvo, ofrecen financiamiento informal, venden materiales y luego legalizan sus ingresos en actividades formales.
Capeco plantea formalización y control de fondos públicos
Frente a este panorama, Capeco ha propuesto triplicar la construcción formal de viviendas como estrategia para reducir la presión de la informalidad y generar empleo con derechos.
La entidad sugiere que los fondos estatales asignados a vivienda, actualmente de 1.500 millones de soles, se incrementen a 5.000 millones anuales.
Valdivia también se refirió al caso de Fovipol en Piura, donde se detectó la compra de viviendas inhabitables. Indicó que estos fondos no deberían dedicarse a construir directamente, sino a financiar la adquisición de viviendas en proyectos existentes, evitando riesgos de mala ejecución.