Carlos Caro: Contratar al abogado personal del presidente en el despacho presidencial podría configurar delito

El abogado penalista Carlos Caro advirtió que la contratación de Odar Jimmy Cornejo Custodio en el Despacho Presidencial, mientras ejerce la defensa legal del presidente José Balcázar en una investigación vinculada al Colegio de Abogados de Lambayeque, podría tener implicancias penales y constituir un caso de conflicto de intereses.

En entrevista con Canal N, el especialista señaló que la designación de un abogado personal en una dependencia estatal dirigida por el propio mandatario genera serias dudas sobre la legalidad del proceso de contratación.

"Ya estamos ante una incompatibilidad clara y manifiesta", sostuvo. Caro indicó que, si bien el presidente tiene derecho a rodearse de personas de confianza, ello no lo exime de cumplir con los requisitos establecidos para la contratación de asesores dentro del Estado.

El penalista sostuvo que el Ministerio Público podría evaluar la configuración del delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal, si se determina que el presidente favoreció a un particular mediante una contratación estatal.

"Si contrato a mi abogado para incorporarlo al Despacho Presidencial y que sea el Estado quien le pague, podríamos estar frente a una negociación incompatible", explicó.

Asimismo, señaló que una hipótesis más grave sería la existencia de un acuerdo entre ambas partes para que el Estado financie indirectamente la defensa personal del mandatario. En ese escenario, indicó que podría configurarse el delito de colusión.

"Si se demuestra que le estaban pagando con recursos públicos para defender al presidente en asuntos privados, estaríamos frente a un fraude al Estado", afirmó.

Cuestiona perfil y experiencia

Según explicó, un asesor legal del Despacho Presidencial debe contar con amplia experiencia en gestión pública y acreditada trayectoria profesional. "Si necesita un asesor jurídico, debe ser una persona de la más alta categoría dentro del mercado y con experiencia en el sector público", afirmó.

Añadió que, según la información difundida, Cornejo Custodio recién habría obtenido su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y no registraría experiencia previa trabajando para el Estado.

Fiscalía deberá revisar contratación

Caro consideró que la investigación debería centrarse en el procedimiento seguido para incorporar al abogado al Despacho Presidencial. Entre los elementos que, a su juicio, deberían revisarse figuran el perfil del puesto, la forma en que se presentó su candidatura, los informes emitidos durante su contratación y la justificación del monto percibido.

"La fiscalía tiene que determinar cómo llegó su nombre, quién lo recomendó, cuál era el perfil requerido y qué trabajo realizó efectivamente", señaló.

Caso del sobrino en subprefectura

Durante la entrevista, el penalista también se refirió a la designación del sobrino del abogado, un joven profesional de 24 años, como subprefecto de Chiclayo. Consideró que se trata de una situación igualmente cuestionable debido a la escasa experiencia profesional del funcionario.

"Una subprefectura no es un cargo que pueda entregarse a cualquiera. Se requiere experiencia y trayectoria para ejercer adecuadamente esas funciones", sostuvo.

Según explicó, también en este caso el Ministerio Público podría evaluar la existencia de negociación incompatible si se comprueba que existieron gestiones indebidas para favorecer la designación.

Pide investigación fiscal

Finalmente, Caro afirmó que existen elementos suficientes para que la Fiscalía inicie una investigación preliminar sobre ambos casos. "Sin duda alguna hay implicancias penales y la fiscalía debería abrir una carpeta fiscal para esclarecer los hechos", concluyó.