Carlos Caro sobre caso ONPE: “Hay indicios de dolo si se ignoró alerta sobre empresa Galaga”

El abogado penalista Carlos Caro sostuvo que la existencia de una alerta previa sobre presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales refuerza la hipótesis de un posible acto doloso y no solo negligente.

Según explicó a Canal N, antes de la adjudicación del contrato —superior a los 2 millones de soles— ya existía una “bandera roja” advertida por una empresa competidora, en la que se señalaba que Gálaga ofrecía un precio más alto y presentaba antecedentes de incumplimientos.

“Si el jefe de la ONPE fue advertido y no actuó, ya no estamos ante culpa sino ante dolo. Tenía el deber de revisar esa información y tomar decisiones”, indicó Caro en entrevista.

El especialista cuestionó además el mecanismo de contratación utilizado, al calificarlo como “atípico”, debido a que se habría evaluado primero la oferta técnica y luego la económica, lo que —según dijo— limita la competencia y facilita direccionamientos.

“Ese esquema elimina competidores desde el inicio y permite que quien gana por lo técnico luego ajuste el precio cerca del máximo permitido. Eso distorsiona el proceso”, explicó.

Posibles nuevos delitos

Caro advirtió que este elemento podría abrir una nueva línea de investigación contra Piero Corvetto, no solo por la contratación en sí, sino por omisión de funciones al no haber actuado frente a una alerta concreta.

Asimismo, cuestionó una modificación normativa interna que habría restringido la posibilidad de que empresas que pierden una licitación puedan impugnar los resultados, lo que —indicó— podría ser inconstitucional y contrario a la libre competencia.

“Eso puede convertirse en caldo de cultivo para actos de colusión, porque cierra el mercado y limita el control sobre las decisiones del Estado”, afirmó.

Acceso a celulares y posible obstrucción

Respecto a las diligencias fiscales, el penalista explicó que si los investigados entregan sus celulares pero no las claves, la situación depende de la naturaleza del equipo.

Si se trata de dispositivos personales, no existe obligación de revelar las contraseñas, pues está protegido por el derecho a la defensa. Sin embargo, si son equipos del Estado, negarse podría interpretarse como un acto de obstrucción a la justicia.

Caso Raúl Doroteo

En otro momento, Caro se refirió al caso del congresista Raúl Doroteo, quien habría utilizado personal de seguridad del Estado para fines personales.

“El uso de recursos públicos, como personal de seguridad, para actividades privadas configura el delito de peculado”, señaló.

No obstante, precisó que, al tratarse de un funcionario aforado, cualquier investigación deberá pasar por el Congreso, lo que —advirtió— podría dificultar el avance del caso.

Finalmente, indicó que el Ministerio Público sí puede iniciar diligencias preliminares de oficio ante indicios de delito.