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Carlos Herrera Descalzi: Estado puede actuar sin REINFO ni ley

El exministro Carlos Herrera Descalzi señaló que la minería ilegal financia política, evade fiscalización y supera en ingresos a la minería legal

Exministro Carlos Herrera Descalzi afirma que minería ilegal evade control y financia política. / Video: Canal N

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, advirtió que la minería ilegal genera más ingresos que la minería legal, evade todo tipo de fiscalización y ha extendido su influencia en el Congreso y el Ejecutivo.

En entrevista para Canal N, afirmó que esta actividad “maneja” al Estado y representa un riesgo creciente para la estabilidad del país.

El exministro fue enfático al señalar que el gobierno no necesita del REINFO ni de la Ley MAPE para combatir la minería ilegal. 

“Nada impide que el Estado fiscalice. El oro sale de toneladas de mineral que cruzan las carreteras del país. Es imposible no verlas si hay voluntad”, declaró.

Herrera estimó que la minería ilegal podría estar moviendo entre 7,500 y 12,000 millones de dólares anuales, mientras que la minería legal bordea los 5,000 millones. Según el exministro, la diferencia es usada para “hacer amigos, comprar impunidad y financiar campañas políticas”.

Añadió que el gobierno podría establecer registros simples en las zonas mineras, exigiendo datos básicos como el origen del mineral, el transportista y el propietario. Sin embargo, la falta de acción demuestra, en su opinión, una complicidad de las autoridades con el negocio ilegal.

Congreso y Ejecutivo ceden ante presión política e intereses ilegales

Herrera criticó duramente la falta de avances en la aprobación de la Ley MAPE. Señaló que el cuarto intermedio en la Comisión de Energía y Minas del Congreso y la ausencia de cuatro ministros invitados reflejan una clara falta de voluntad política.

“No se han podido poner de acuerdo porque las presiones detrás del Congreso y del gobierno son más fuertes”, indicó. 

Además, advirtió que el nuevo predictamen de la Ley MAPE mantiene los mismos errores estructurales del REINFO, como exigir requisitos imposibles de cumplir para muchos mineros, perpetuando así la informalidad bajo un manto de legalidad.

Violencia en zonas mineras refleja el colapso del control estatal

Respecto a la reciente masacre en Pataz, donde murieron 13 personas, Herrera opinó que ese hecho fue un punto de quiebre. “Si no fuera por esas muertes, ya estarían buscando extender el REINFO hasta 2026 y dejarle el problema al siguiente gobierno”, alertó.

También advirtió que el actual escenario electoral complica aún más el panorama. “En diciembre ya estamos en campaña, y sin voluntad real de regular, la minería ilegal seguirá creciendo y expandiendo su control en el Congreso, el Ejecutivo, la Policía, el Poder Judicial y la Sunat”.

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