Carlos Zavaleta: La flagrancia necesita más recursos y normativa
El miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial subrayó que la creación de un sistema nacional de flagrancia busca consolidar el trabajo de diferentes operadores en un solo espacio, asegurando que puedan procesar los delitos flagrantes de manera eficiente
Carlos Zavaleta Grández, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, habla sobre la implementación y los desafíos del sistema de flagrancia en el Perú.
En diálogo con Canal N, comentó que, actualmente, existen 26 unidades de flagrancia a nivel nacional, pero la falta de un marco normativo adecuado limita su operatividad.
La creación de un sistema nacional de flagrancia busca consolidar el trabajo de diferentes operadores (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y Defensa Pública) en un solo espacio, asegurando que puedan procesar los delitos flagrantes de manera eficiente.
Uno de los mayores problemas es la falta de infraestructura y personal en instituciones clave como la Policía y la Fiscalía, lo que afecta el proceso de resolución de casos.
El presupuesto destinado al sistema de flagrancia, aunque se ha incrementado, no se ha utilizado de manera efectiva por todas las instituciones involucradas. Además, Zavaleta resalta que, a pesar de los esfuerzos del Poder Judicial, aún falta un marco normativo que garantice la implementación adecuada del sistema.
El sistema de flagrancia tiene como objetivo procesar delitos comunes y más complejos de manera rápida, pero los recursos y la infraestructura actuales son insuficientes, lo que afecta la resolución de casos.
A nivel nacional, se estima que, si el sistema se implementara correctamente, podría reducir significativamente la carga procesal y mejorar la eficiencia en la administración de justicia.
Resultados actuales
En ciudades con altos índices de criminalidad como Trujillo, se han registrado 20,000 detenidos en flagrancia en 2024, pero solo 2,000 casos han ingresado a las unidades especializadas, de los cuales el 86% se resolvió en 24 a 72 horas.
Reiteró que la falta de infraestructura y coordinación impide procesar todos los casos que deberían ser atendidos en estas unidades. Zavaleta concluyó que la implementación del sistema es crucial para mejorar la lucha contra la criminalidad.