Caso Artemio: Fiscalía recuperó inmuebles de más de S/ 2 millones
La Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio logró que una sentencia declare fundada su demanda para que los bienes pasen al Estado.
El Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima, logró recuperar la propiedad de cuatro inmuebles valorizados en más de dos millones de soles, vinculados a personas condenadas por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. La sentencia, emitida en el marco del denominado caso Artemio, declaró fundada la demanda presentada por la Fiscalía y dispuso que los bienes pasen a manos del Estado peruano.
La acción fiscal se enmarca dentro de la legislación de extinción de dominio, que permite al Estado recuperar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. El valor total de los inmuebles asciende a S/ 2 853 951.67, y están ubicados en los distritos de San Martín de Porres y Ventanilla. Las propiedades estaban a nombre de personas procesadas y sentenciadas por delitos graves, entre ellos, integrantes de la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Inmuebles fueron adquiridos con dinero de origen criminal
Tres de los cuatro inmuebles recuperados están ubicados en el distrito de Ventanilla y, según la investigación, fueron adquiridos por José Villanueva, condenado por terrorismo y lavado de activos. De acuerdo con la acusación, Villanueva habría recibido fondos de Florindo Flores Hala, alias ‘Artemio’, cabecilla de una facción de Sendero Luminoso que operaba en la zona del Alto Huallaga.
El dinero fue insertado en el sistema financiero con apariencia de legalidad mediante la compra de propiedades. Esta modalidad fue identificada como parte del esquema utilizado por organizaciones criminales para ocultar el origen ilícito de sus recursos y consolidar su patrimonio fuera del alcance de la justicia.
Propiedad en San Martín de Porres fue transferida para evadir a la justicia
El cuarto inmueble, un edificio ubicado en el distrito de San Martín de Porres, fue transferido por Hermelinda Salvador, sentenciada por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La operación se realizó a través de un anticipo de herencia a favor de su hijo, Jordán Poma, con el fin de evitar la confiscación del bien.
La Fiscalía consideró que esta transferencia constituía una maniobra para encubrir bienes adquiridos con dinero ilícito. La investigación concluyó que el traspaso tuvo como finalidad sustraer la propiedad del control judicial en el marco de las acciones del Ministerio Público.
Fundamentos legales y tratados internacionales aplicados
El proceso de recuperación de bienes se realizó conforme a la normativa peruana sobre extinción de dominio y con base en tratados internacionales ratificados por el Estado. Entre ellos, figuran la Convención de Palermo y la Convención de Viena, que permiten acciones legales contra el patrimonio generado por delitos como terrorismo y tráfico ilícito de drogas.
El caso fue dirigido por la fiscal adjunta provincial Cecilia Paola Pérez Breña, quien presentó los elementos de prueba necesarios para acreditar el origen ilícito de los inmuebles y su vinculación con personas condenadas por delitos graves.
Bienes pasarán al Estado tras resolución judicial favorable
La sentencia judicial declaró fundada la demanda interpuesta por el Ministerio Público, lo que permitirá que los cuatro inmuebles pasen formalmente a ser propiedad del Estado peruano. De no presentarse apelaciones, la decisión quedará firme en los próximos días, consolidando la recuperación de bienes por parte de la justicia.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Raúl Peña Cabrera Freyre, destacó el valor de esta resolución y la consideró una muestra del avance en la lucha contra las estructuras criminales. Indicó que la Fiscalía seguirá impulsando acciones similares para evitar que condenados por delitos graves conserven beneficios económicos derivados del crimen.
Extinción de dominio como herramienta contra la criminalidad organizada
La extinción de dominio permite recuperar bienes adquiridos ilegalmente sin necesidad de una sentencia penal previa contra el bien en cuestión, siempre que se demuestre su origen ilícito. Esta figura ha sido utilizada en diversos procesos para debilitar financieramente a redes criminales vinculadas al terrorismo, narcotráfico y corrupción.
Con esta acción, el Estado peruano refuerza su política de persecución patrimonial contra quienes han sido parte de organizaciones delictivas. La medida forma parte de un esfuerzo integral para impedir que personas condenadas o procesadas continúen beneficiándose de activos generados por actividades criminales.
La Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima logró que el Poder Judicial declare fundada la demanda para que cuatro inmuebles, valorizados en S/ 2 853 951.67, pasen a propiedad del Estado. Los bienes estaban vinculados a personas condenadas por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos en el marco del caso Artemio. Tres inmuebles fueron adquiridos por José Villanueva con fondos de ‘Artemio’, mientras que otro fue transferido por Hermelinda Salvador a su hijo para ocultarlo. La Fiscalía aplicó tratados internacionales y la figura de extinción de dominio para asegurar los bienes.