Caso Cuellos Blancos: exfiscal busca volver a su cargo vía el TC
El exfiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de anular la resolución que lo destituyó del Ministerio Público por sus presuntos vínculos con el caso Cuellos Blancos del Puerto. La sanción fue impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que lo halló responsable de advertir a integrantes de una presunta red criminal que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas.
Rodríguez Monteza no niega los cargos en su contra en esta acción legal. Su defensa se centra en alegar que el proceso disciplinario había caducado cuando se emitió la sanción, debido a una diferencia en el cómputo del plazo legal para su tramitación.
¿Qué cuestiona el exfiscal supremo ante el Tribunal Constitucional?
La demanda busca que el Tribunal Constitucional determine si existió o no caducidad en el proceso disciplinario seguido por la JNJ. El argumento principal se basa en que la sanción habría sido impuesta fuera del plazo legal establecido, dependiendo de cuál sea la fecha válida de inicio del proceso.
La defensa sostiene que el cómputo debe iniciarse desde el 23 de noviembre de 2020, fecha en la que Rodríguez Monteza fue notificado personalmente. Por su parte, la JNJ considera que la fecha válida es el 25 de noviembre de 2020, cuando se realizó la notificación vía casilla electrónica.
¿Por qué fue destituido Rodríguez Monteza?
La Junta Nacional de Justicia concluyó que el exfiscal supremo habría alertado a miembros de la presunta red Los Cuellos Blancos del Puerto que sus conversaciones estaban siendo escuchadas en tiempo real.
Según la investigación, este hecho ocurrió durante una reunión en su despacho con el entonces asesor del CNM, Torres Reyna, quien le preguntó si tenía conocimiento del “chuponeo” a magistrados y consejeros.
Rodríguez Monteza habría recibido esa información a través del hermano de Duberlí Rodríguez y la compartió con otros integrantes de la red, de acuerdo con la versión fiscal.
¿Qué evidencias se usaron en el proceso disciplinario?
El expediente disciplinario contiene diversos elementos que acreditaron la cercanía del exfiscal con miembros de la presunta red. Entre ellos, destaca una conversación telefónica con César Hinostroza, en la que coordinaban una postulación conjunta a la Academia de la Magistratura.
También se incluyó evidencia sobre su participación en un agasajo al entonces presidente del CNM, Orlando Velásquez, en el que estuvieron presentes figuras como Tomás Gálvez, Edwin Oviedo y Antonio Camayo.
¿Qué otras acciones fueron atribuidas al exfiscal?
En el expediente se consigna que Rodríguez Monteza requirió a los medios IDL y Panorama entregar los audios de las escuchas telefónicas, exigiendo incluso que revelaran sus fuentes.
El exfiscal reconoció ante el Ministerio Público que fue un “error” pedir esa información, y que lo hizo con la intención de denunciar a los periodistas si no cumplían con su requerimiento.
Su entonces adjunto, Jaime Velarde, declaró que le advirtió sobre el derecho de los medios a mantener en reserva la identidad de sus fuentes.
¿Cuál fue el resultado del proceso disciplinario?
Tras evaluar los cargos y las pruebas presentadas, la Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad destituir a Rodríguez Monteza. Su pedido de reconsideración fue rechazado, y posteriormente presentó una demanda de amparo que fue desestimada en dos instancias judiciales.
Actualmente, su último recurso está en manos del Tribunal Constitucional, que deberá resolver si corresponde anular su destitución por una supuesta caducidad procesal o mantener la sanción impuesta por la JNJ.
El exfiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza solicitó al Tribunal Constitucional anular su destitución por el caso Cuellos Blancos del Puerto. La Junta Nacional de Justicia lo sancionó tras determinar que habría alertado a una red criminal de que sus comunicaciones eran interceptadas. Su demanda no alega inocencia, sino que la medida fue impuesta fuera del plazo legal del proceso disciplinario. La investigación incluyó grabaciones, coordinaciones institucionales y requerimientos a medios de prensa. Su pedido de amparo fue rechazado en dos instancias judiciales y el Tribunal Constitucional será el encargado de emitir una decisión final sobre su retorno.