Caso Lava Jato: Investigados exigen indemnización a jueces y fiscales
Las pretensiones civiles de indemnización suman más de tres millones de soles tras el fallo del TC.
El exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, y el actual diputado Pier Figari iniciaron acciones legales en la vía civil para exigir el pago de una millonaria indemnización a los fiscales y jueces que los procesaron por presunto lavado de activos en el caso Lava Jato.
De acuerdo con una investigación periodística del diario Perú 21, la medida alcanza a Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como a los magistrados Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga Urday.
Las pretensiones económicas formuladas por los exinvestigados suman 3.2 millones de soles por presuntos daños derivados de la persecución penal en las campañas de 2011 y 2016.
Los demandantes iniciaron el procedimiento formal mediante la convocatoria a audiencias de conciliación prejudicial obligatorias.
Los investigados tramitan audiencias de conciliación para fijar la indemnización
La defensa técnica de Pier Figari, encabezada por el abogado Aurelio Pastor, confirmó que la audiencia conciliatoria fue programada para el jueves 3 de septiembre, instancia en la que solicitarán una reparación económica de 2 millones de soles.
El letrado precisó que este trámite constituye el requisito previo obligatorio antes de formalizar la demanda indemnizatoria ante el Poder Judicial.
Por su parte, el abogado de José Chlimper, Julio Espinoza, indicó que la cita de conciliación para su representado se realizará el lunes 7 de septiembre con una pretensión de 1.2 millones de soles.
El defensor argumentó que se impusieron medidas restrictivas por hechos que al momento de su comisión no se encontraban tipificados como delito en el Código Penal.
La demanda de indemnización se fundamenta en la sentencia del Tribunal Constitucional
Las acciones indemnizatorias tienen como base jurídica la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en octubre de 2025, resolución que declaró nula la acusación penal contra Keiko Fujimori y los dirigentes de Fuerza Popular.
El máximo órgano constitucional dictaminó que las entregas de dinero para actividades proselitistas antes de noviembre de 2016 no constituían delito de lavado de activos.
El fallo precisó que dicha figura delictiva recién se incorporó al ordenamiento legal mediante el Decreto Legislativo 1249.
Con esta decisión jurisprudencial, los jueces y fiscales del subsistema anticorrupción quedaron sin marco normativo para continuar con el juicio oral del denominado caso Cócteles.
Los magistrados del caso Lava Jato rechazarán el pago de reparaciones económicas
Fuentes jurisdiccionales consultadas por el diario Perú 21 señalaron que los jueces y fiscales notificados desestimarán los pedidos de conciliación al sostener que sus disposiciones se emitieron en el ejercicio regular de sus funciones.
Los operadores de justicia preparan sus descargos institucionales para responder a las futuras demandas civiles.
El caso comprende al fiscal superior Rafael Vela y al exfiscal José Domingo Pérez, quien condujo la etapa de investigación preparatoria, así como al juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó las prisiones preventivas en 2018, y al magistrado Víctor Zúñiga Urday.
De frustrarse los acuerdos conciliatorios, el conflicto patrimonial se resolverá en los juzgados civiles de la capital.