Caso Liceo Naval: dictan internamiento preventivo para 6 escolares
El INPE determinará el centro juvenil al que serán trasladados los estudiantes investigados por agresión sexual.
El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó 4 meses de internamiento preventivo para 6 adolescentes investigados por la presunta violación sexual cometida en agravio de un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) quedará a cargo de definir el establecimiento juvenil donde cumplirán la medida.
La decisión judicial se oficializó tras culminar el trabajo indagatorio encabezado por el fiscal Mariano de la Torre Hernández, quien tomó las declaraciones de los implicados e interrogo al agraviado bajo la metodología de cámara Gesell.
El requerimiento fiscal fue evaluado luego de que el grupo de menores fuera trasladado desde la dependencia policial hacia las sedes judiciales del Cercado de Lima.
Decisión judicial e internamiento preventivo
El fallo dictado por la judicatura ordena el aislamiento preventivo de los involucrados en un centro de reclusión para menores y no en un establecimiento penitenciario para adultos.
Durante los 120 días fijados para el internamiento, las autoridades judiciales continuarán con el análisis de las pruebas recabadas sobre el ataque perpetrado durante el trayecto de regreso desde el distrito de Surco hacia San Borja.
Respecto a la situación de los otros 4 escolares que pertenecían al grupo inicial de 10 estudiantes retenidos por la Policía Nacional del Perú, estos cumplieron las 48 horas de detención en la Comisaría de Familia.
Tras las evaluaciones individuales del Ministerio Público, dichos menores fueron puestos en libertad y afrontarán las investigaciones bajo otra condición jurídica.
Medidas de protección para la víctima
De forma complementaria, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima aprobó disposiciones orientadas a garantizar la seguridad del estudiante agredido.
Entre las resoluciones dictadas destaca la prohibición estricta de que los investigados establezcan contacto con el menor agraviado a través de plataformas o redes sociales como Facebook y WhatsApp.
La magistratura también dispuso la realización de terapias psicológicas obligatorias para las partes involucradas, así como un esquema de resguardo policial mediante patrullajes periódicos semanales a cargo de la comisaría de la jurisdicción en las inmediaciones del domicilio del menor afectado.