Caso del nuevo alcalde de Ate: Nakazaki señala qué pruebas se necesitan para investigar un presunto desbalance patrimonial

El abogado penalista César Nakazaki analizó en entrevista con Canal N los cuestionamientos revelados por Cuarto Poder sobre el patrimonio inmobiliario del virtual alcalde de Ate, las contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y la denuncia por presunto plagio en la tesis de maestría del diputado Arturo Eusebio, de la bancada de Obras.

El especialista explicó las diferencias entre los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se refirió a las posibles responsabilidades penales en las contrataciones públicas y señaló que el presunto plagio de una tesis puede tener consecuencias legales, según las pruebas y la evaluación de las autoridades competentes.

Nakazaki explica diferencias entre lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Al referirse al reportaje sobre el patrimonio inmobiliario del virtual alcalde de Ate, Nakazaki sostuvo que el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos son delitos distintos y requieren acreditar elementos diferentes.

Explicó que, en el caso de enriquecimiento ilícito, debe determinarse si un funcionario público incrementó su patrimonio durante el ejercicio del cargo sin poder justificarlo. En cambio, para acreditar lavado de activos, es necesario establecer la actividad criminal previa de la que procederían los recursos utilizados para adquirir bienes.

“Una cosa es haber purgado incluso cárcel por este delito, el delito del proxenetismo, y otra es probar que el dinero que se haya obtenido por esta actividad ilícita haya terminado [...] en la adquisición legal de algún bien”, señaló.

El abogado indicó que las operaciones inmobiliarias inusuales o sospechosas pueden justificar una investigación, pero no bastan por sí solas para sustentar una acusación o una condena por lavado de activos.

“Estos indicios de operaciones inusuales, operaciones sospechosas, sin hacer esa vinculación con una actividad criminal previa y anexarlo con los bienes que yo sostengo que son lavados, sería insuficiente”, afirmó.

Nakazaki agregó que las pericias económicas son fundamentales para reconstruir la historia patrimonial de una persona, especialmente en un país con altos niveles de informalidad económica. También advirtió que la falta de peritos y recursos logísticos puede dificultar las investigaciones fiscales.

Contrataciones en el Gore Callao: advierte posibles responsabilidades penales

Sobre los cuestionamientos a las contrataciones en el Gobierno Regional del Callao, encabezado por Ciro Castillo Rojo, Nakazaki se refirió a las posibles responsabilidades que podrían derivarse de la contratación de personas vinculadas con aportantes a campañas políticas.

El penalista mencionó las figuras de nombramiento ilegal y aceptación ilegal de cargo, y sostuvo que sería necesario revisar las normas para establecer mayores restricciones a las contrataciones realizadas al final de una gestión pública.

“En los últimos tiempos de salida de un cargo, el contratar a funcionarios públicos centrales para el periodo que viene no debería estar permitido”, manifestó. Asimismo, señaló que, si una autoridad toma decisiones públicas para favorecer intereses particulares, podría configurarse el delito de negociación incompatible.

“Lo que atacas, ¿por qué escogiste a tu primo? ¿O por qué escogiste una empresa? [...] La decisión y la justificación”, explicó al referirse a los elementos que, a su juicio, deben examinarse para determinar si existió un favorecimiento indebido.

Nakazaki consideró que la necesidad de las contrataciones y las razones para seleccionar a determinadas personas deben ser evaluadas a partir de las circunstancias y las evidencias del caso.

Presunto plagio de tesis de Arturo Eusebio: Nakazaki señala posibles consecuencias penales

Respecto al reportaje de Cuarto Poder sobre la tesis de maestría del diputado Arturo Eusebio, de la bancada de Obras, que habría presentado un 65 % de contenido plagiado, Nakazaki sostuvo que el caso debe analizarse tanto desde el ámbito penal como desde la responsabilidad de las instituciones universitarias.

El abogado señaló que las herramientas tecnológicas permiten detectar coincidencias en trabajos académicos y cuestionó la falta de controles que, según su opinión, facilita la circulación de tesis presuntamente plagiadas.

“Si queremos que desaparezca el plagio, no solo basta meterlos a la cárcel a los plagiarios, sino el sistema universitario, ¿por qué no se preocupa de su responsabilidad de darnos lo mejor en una sociedad que tanto necesita grandes profesionales?”, expresó.

Nakazaki también planteó que los asesores de tesis podrían tener responsabilidad si se demuestra que incumplieron sus deberes de supervisión y que se cumplen los requisitos legales correspondientes.

Indecopi tendría un papel clave en una eventual investigación por plagio

El penalista indicó que, según su interpretación del procedimiento aplicable, el caso debe pasar por Indecopi, entidad encargada de la protección de la propiedad intelectual, antes de que el Ministerio Público pueda impulsar determinadas actuaciones penales por este tipo de delito.

Además, sostuvo que, si los hechos investigados ocurrieron antes de que Eusebio asumiera el cargo de diputado, no correspondería aplicar una protección parlamentaria por razón del cargo para impedir la investigación.

Nakazaki afirmó que el presunto plagio podría tener consecuencias penales, aunque precisó que la calificación jurídica y la sanción dependerán de los hechos acreditados y de la decisión de las autoridades.