César Hinostroza: Justicia española aprueba segunda extradición
La Sala Penal de la Audiencia Nacional de España precisó que la condición del exjuez supremo no es de perseguido político.
La Sala Penal de la Audiencia Nacional de España declaró procedente la ampliación de la extradición del procesado César Hinostroza Pariachi, presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, quien en la actualidad permanece en España tras fugarse de la justicia peruana en el 2018.
La justicia española precisó que la condición del exjuez supremo no es de perseguido político. Según informó la Procuraduría Anticorrupción, la ampliación de la extradición fue establecida mediante Resolución (auto) Nº 00057-2022 de fecha 1 de febrero, la cual fue notificada en la víspera.
Este caso corresponde a los hechos relatados en la demanda de extradición, remitida por la Fiscalía del Perú y formulada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.
El documento de la justicia española menciona la importancia respecto del comportamiento de respeto a la libertad y la preeminencia del Derecho, ideales fuente en el Tratado que vincula a ambos Estados contratantes, y que es respetado de manera incuestionable.
Asimismo, aclaran que la condición de César Hinostroza no es de perseguido político, como afirma su defensa, puesto que han ocurrido tres cambios en el cargo de presidente de la República en el Perú, cada uno de diferente adscripción política, lo cual no ha generado una variación en su posición procesal como Estado parte, respecto a la solicitud de extradición.
En ese sentido, tanto para la justicia española como para la justicia peruana es totalmente claro que no existe persecución política alguna.
El respeto a la tutela jurisdiccional efectiva del procesado está garantizado permanentemente, como lo han demostrado ambos sistemas de justicia con la debida atención de todos los recursos legales que los ordenamientos jurídicos garantizan a la defensa del procesado.
Finalmente, la Procuraduría ratificó su compromiso en la ejecución de todos los actos procesales en el proceso de extradición, con el más alto estándar de calidad profesional y respeto por el debido proceso.