César Ipenza: "El Reinfo ha terminado otorgando un nivel de protección"
César Ipenza, experto en temas ambientales, advierte que la minería ilegal concentra US$ 11.500 millones y que la falta de control estatal, la corrupción y normas permisivas han fortalecido a organizaciones criminales
Las economías ilegales en el Perú movilizaron alrededor de 31 mil millones de dólares durante el último año, una cifra equivalente al 8% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, según explicó el abogado y especialista en temas ambientales César Ipenza. De ese total, aproximadamente 11.500 millones de dólares corresponden a la minería ilegal, considerada actualmente una de las actividades ilícitas más lucrativas del país.
En entrevista con Canal N, Ipenza sostuvo que el crecimiento de estas actividades responde a una combinación de factores externos e internos.Entre ellos mencionó el incremento del precio internacional de los minerales, especialmente del oro, así como la inestabilidad política, la débil presencia del Estado y la aprobación de normas que, según afirmó, han dificultado la acción de las autoridades encargadas de fiscalizar y sancionar estos delitos.
“El Perú se ha convertido en un escenario atractivo para las organizaciones criminales porque existen condiciones que facilitan sus operaciones y reducen los riesgos de persecución”, señaló.
El especialista cuestionó especialmente el funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que ha terminado otorgando un nivel de protección que impide a las autoridades actuar con eficacia frente a actividades que continúan desarrollándose fuera de la legalidad.
Asimismo, indicó que diversas modificaciones legislativas aprobadas en los últimos años han debilitado herramientas de control como la extinción de dominio y las acciones contra organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.
Grupos criminales transnacionales en el Perú
Ipenza también alertó sobre la presencia de grupos criminales transnacionales en territorio peruano. Mencionó organizaciones como Los Choneros, Los Lobos, el Comando de la Frontera y el Comando Vermelho, las cuales estarían operando en zonas de la Amazonía vinculadas a actividades extractivas ilegales.
A ello se suma, explicó, la relación que existe entre la minería ilegal y otros delitos como la trata de personas, el tráfico de explosivos, el lavado de activos, la corrupción y el narcotráfico.
“El negocio ilegal necesita mano de obra, insumos, transporte y protección. Por eso termina conectándose con otras actividades criminales”, afirmó.
Cuestionó falta de recursos destinados a la lucha contra la minería ilegal
Respecto al rol del Estado, cuestionó la falta de recursos destinados a la lucha contra la minería ilegal. Según indicó, en el presupuesto público de 2026 no se habrían asignado fondos específicos para las fiscalías ambientales encargadas de investigar estos delitos.
Para enfrentar esta problemática, planteó tres medidas prioritarias para el próximo gobierno: que el Estado asuma un mayor control sobre las plantas de beneficio donde se procesa el mineral, revisar las normas que limitan la persecución de actividades ilegales y prohibir progresivamente el uso del mercurio, siguiendo el ejemplo de países como Ecuador y Colombia.
Finalmente, advirtió que el avance de las economías ilegales no solo representa una pérdida económica para el país, sino que también genera graves impactos ambientales, afecta a poblaciones vulnerables y fortalece estructuras criminales que operan cada vez con mayor capacidad e influencia.