César Nakazaki: Congreso impide nueva denuncia contra Boluarte por caso Rolex
En relación con el actual presidente José Jerí, Nakazaki indicó que si se comprueba un nexo entre esos encuentros y beneficios indebidos, se podrían configurar delitos como colusión. De lo contrario, podrían tratarse de infracciones éticas o simplemente actos impropios
El abogado penalista César Nakazaki afirmó que el archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, impide que el Congreso actual retome la investigación.
Según explicó en entrevista con Canal N, esta decisión genera una figura jurídica conocida como “cosa decidida”, que bloquea la posibilidad de reabrir el proceso durante el mismo periodo legislativo.
Solo un nuevo Congreso podría revisar la acusación
Nakazaki señaló que si el archivo fue por improcedencia, no se puede volver a presentar una denuncia similar hasta que se instale un nuevo Congreso con otra composición.
En cambio, si se archivó por falta de pruebas, una nueva denuncia podría ser viable solo si se incorporan elementos probatorios distintos. En ambos casos, el actual Parlamento ya no puede actuar sobre este tema, incluso si se trata del mismo periodo congresal.
Contradicciones en versiones afectan credibilidad presidencial
El abogado recordó las distintas explicaciones que ofreció Dina Boluarte sobre la procedencia de tres relojes Rolex, así como otras joyas de alto valor. Inicialmente, la presidenta dijo que eran producto de sus ahorros, pero luego declaró que se trataba de préstamos otorgados por su entorno cercano.
Pese a estas contradicciones, el Congreso determinó que no había pruebas de enriquecimiento ilícito, decisión que, según Nakazaki, generó la paralización del caso en el ámbito legislativo.
Investigación a funcionarios sin inmunidad sigue pendiente
Aunque Boluarte cuenta con inmunidad durante su mandato, Nakazaki precisó que otros involucrados en el caso, como el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no tienen esa protección.
Por tanto, la Fiscalía sí podía investigar estos vínculos, pero no se ha informado de avances significativos. Para el abogado, ello refleja una omisión en el esclarecimiento de hechos que no dependen de la inmunidad presidencial.
Limitaciones impuestas por el fallo del Tribunal Constitucional
César Nakazaki también cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional que restringe las investigaciones preliminares contra presidentes en funciones.
Indicó que actualmente no es posible levantar el secreto bancario ni el de las comunicaciones, lo que limita severamente las capacidades del Ministerio Público. Esta situación, advirtió, debilita el control legal sobre la figura presidencial en contextos de sospecha de actos irregulares.
Jerí y el gesto de levantar su secreto de comunicaciones
En relación con el actual presidente José Jerí, Nakazaki comentó que si bien no es legalmente viable una investigación amplia mientras esté en funciones, el mandatario puede autorizar voluntariamente el acceso a su información telefónica y colaborar con las investigaciones dirigidas a terceros. Este gesto, apuntó, tendría valor si se acompaña de acciones concretas en las pesquisas fiscales.
Finalmente, el penalista indicó que solo al final del mandato presidencial podrá determinarse si las reuniones cuestionadas con empresarios derivaron en decisiones administrativas o adjudicaciones de obras.
Si se comprueba un nexo entre esos encuentros y beneficios indebidos, se podrían configurar delitos como colusión. De lo contrario, podrían tratarse de infracciones éticas o simplemente actos impropios.
La Fiscalía, subrayó, tiene la potestad de investigar a los empresarios y funcionarios sin inmunidad involucrados en estos hechos y así avanzar en el esclarecimiento de la verdad.