César Nakazaki: Menores investigados por presunta agresión sexual podrían enfrentar medidas socioeducativas

El abogado penalista César Nakazaki explicó que los ocho escolares intervenidos por la presunta agresión sexual contra otro estudiante en San Borja están sujetos al sistema de justicia penal juvenil y podrían enfrentar medidas socioeducativas si se determina su responsabilidad como infractores de la ley penal.

Durante una entrevista con Canal N, Nakazaki señaló que, a diferencia de los adultos, los menores de edad no reciben penas en el sistema penal ordinario, sino que son sometidos a un proceso especializado en el que pueden imponerse medidas orientadas a su rehabilitación y reinserción.

El abogado señaló que, dependiendo de las características y gravedad del caso, los menores podrían ser internados en un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación y permanecer allí durante un periodo determinado como parte de las medidas socioeducativas.

El abogado precisó que estas medidas no son consideradas penas, aunque pueden implicar la privación de la libertad. “El caso de los menores se insiste al 100 % a rehabilitarlos y readaptarlos”, explicó.

Respecto al tiempo que podrían permanecer bajo una medida de internamiento, sostuvo que podría tratarse de varios años, dependiendo de las circunstancias del caso, el nivel de agresión y las consecuencias ocasionadas a la víctima.

Menores pasarían a disposición de la Fiscalía

El penalista explicó que el Ministerio Público, a través de fiscales especializados, deberá iniciar las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de los menores y establecer qué medida corresponde en cada caso.

Nakazaki indicó que, considerando el tiempo que llevan intervenidos, los escolares deberían ser puestos a disposición de la Fiscalía para el inicio del proceso especializado. Según explicó, posteriormente interviene un juez especializado en justicia juvenil, quien determinará las medidas que deberán cumplir los menores durante el proceso.

Entrenador podría afrontar responsabilidad penal

El abogado también se refirió a la eventual responsabilidad del entrenador o profesor que habría estado presente durante el traslado de los estudiantes en el vehículo donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Nakazaki sostuvo que el adulto podría afrontar responsabilidad penal si se determina que permitió o tuvo la posibilidad de evitar la agresión y omitió actuar. No obstante, aclaró que será necesario establecer qué ocurrió exactamente, cuál era el rol del entrenador y qué acciones realizó durante el traslado de los estudiantes.

Colegio podría asumir responsabilidad civil y administrativa

Respecto a la institución educativa, Nakazaki explicó que podría existir responsabilidad civil si se determina que hubo daños que deban ser reparados.

Asimismo, señaló que las autoridades deberán establecer si la agresión constituye un hecho aislado o forma parte de un problema más amplio de violencia dentro del colegio, luego de las denuncias de padres de familia sobre presuntos casos de bullying.

Si se comprueba que existe un problema generalizado de violencia, el penalista consideró que podrían adoptarse medidas administrativas y de reorganización de la institución educativa. “Si es generalizado, el colegio tiene que entrar a una reorganización completa”, sostuvo.

Nakazaki descartó que necesariamente corresponda el cierre inmediato del colegio y señaló que cualquier decisión deberá considerar también la protección del resto de estudiantes.

Fiscalía y juez definirán medidas para los menores

Finalmente, el abogado remarcó que corresponderá al Ministerio Público y al juez especializado determinar la situación jurídica de cada uno de los escolares investigados.