César Nakazaki sobre crimen contra Susy Aponte Polo: “El móvil es la columna vertebral de la investigación”
César Nakazaki consideró correcta la decisión de no continuar investigando el caso como feminicidio, al sostener que los elementos conocidos apuntan a que Aponte habría sido asesinada por su actividad y no por su condición de mujer
El abogado penalista César Nakazaki sostuvo que determinar el móvil del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, será fundamental para establecer quién habría ordenado el crimen y determinar las responsabilidades de todos los involucrados.
En entrevista con Canal N, Nakazaki consideró que la investigación ha avanzado al identificar al presunto autor material y a personas que habrían participado en la planificación y logística del ataque. Sin embargo, señaló que todavía falta establecer por qué se decidió asesinar a la candidata.
El presunto sicario Luis Obispo Díaz ha declarado ante la Policía que recibió un ofrecimiento económico para ejecutar el crimen. Según reportes periodísticos, habría señalado que una intermediaria lo contactó desde Lima y que se le ofreció hasta S/15 mil por el asesinato. Estas declaraciones forman parte de la investigación y deberán ser corroboradas por las autoridades.
El penalista sostuvo que existen distintas hipótesis que deben ser investigadas, entre ellas una posible motivación política, periodística o relacionada con las denuncias que Aponte había realizado antes de su muerte.
“Si no se determina el motivo para matarla, no se va a poder descubrir ni desarrollar todo el caso”, afirmó Nakazaki. El abogado explicó que la investigación debe establecer qué actividad de la candidata pudo haber generado el interés de quienes presuntamente contrataron a los sicarios y qué persona o grupo habría tenido motivos para ordenar el ataque.
Investigación debe mantener el ritmo
Nakazaki destacó que la Policía ya habría identificado al presunto autor material y a personas vinculadas con la planificación del crimen. Además, recordó que el ataque habría requerido seguimiento, desplazamientos, alojamiento y otros recursos logísticos.
El abogado señaló que estos elementos pueden ayudar a reconstruir la cadena de coordinación del asesinato y determinar quién habría financiado y organizado el operativo. La Policía informó previamente que Luis Obispo Díaz habría llegado a Áncash días antes del crimen para realizar labores de reconocimiento y que otro detenido, identificado como Ronald José Toro Ardila, habría participado en aspectos logísticos del ataque.
Analizan denuncias realizadas por Susy Aponte
Respecto a las denuncias públicas realizadas por Aponte contra integrantes de la Policía Nacional antes de su asesinato, Nakazaki sostuvo que estas deben incorporarse a las distintas líneas de investigación. El penalista señaló que corresponde determinar si las denuncias tenían relación con el crimen y qué tipo de conflicto existía entre la candidata y las personas señaladas por ella.
En ese contexto, mencionó que también deberían ser evaluadas las acusaciones que Aponte realizó contra el general Víctor Revoredo. No obstante, remarcó que se trata de una hipótesis que debe ser corroborada mediante evidencia y que no permite atribuir responsabilidades por sí sola.
Descarta feminicidio y explica diferencia con sicariato
Nakazaki consideró correcta la decisión de no continuar investigando el caso como feminicidio, al sostener que los elementos conocidos apuntan a que Aponte habría sido asesinada por su actividad y no por su condición de mujer.
Explicó que, cuando una persona es asesinada por encargo, la figura penal puede corresponder al sicariato, una modalidad específica vinculada al homicidio por encargo. En ese sentido, señaló que la principal interrogante es determinar si el crimen estuvo relacionado con la actividad política de Aponte, su labor periodística o los conflictos derivados de las denuncias e investigaciones que había realizado.
El abogado también hizo una precisión sobre la declaración atribuida al detenido. Explicó que, técnicamente, una confesión implica el reconocimiento de responsabilidad ante un fiscal o juez, por lo que las declaraciones preliminares difundidas sobre el caso deben ser consideradas como elementos que todavía necesitan ser contrastados.
Respecto a los demás involucrados, sostuvo que la responsabilidad dependerá del nivel de participación de cada uno. Quienes hayan realizado labores de seguimiento, proporcionado información, facilitado recursos o contribuido a la ejecución del crimen podrían responder por su respectiva participación, de acuerdo con lo que establezca la investigación.
Nakazaki resumió la investigación en tres elementos: motivo, oportunidad y medios. En su análisis, la oportunidad y los medios utilizados ya presentan elementos de investigación, mientras que el móvil continúa siendo la principal incógnita.
Caso de candidato investigado por presunto tráfico de drogas
Durante la entrevista, Nakazaki también se refirió al caso de un candidato de Alianza para el Progreso que es investigado por una presunta vinculación con una operación internacional de tráfico de drogas.
El abogado remarcó que una investigación en curso no equivale a una condena y que la responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente. Explicó que una investigación por organización criminal puede prolongarse durante varios años, por lo que una persona investigada podría incluso participar en una elección y ejercer un cargo antes de que concluya el proceso, de acuerdo con las reglas actualmente vigentes.
Nakazaki plantea revisar requisitos para candidatos
A partir de este caso, el penalista planteó un debate sobre los requisitos que deberían cumplir quienes buscan ejercer cargos de elección popular. Nakazaki sostuvo que, aunque debe respetarse la presunción de inocencia, considera necesario evaluar si la legislación debería establecer filtros más rigurosos para evitar que personas involucradas en investigaciones penales por delitos graves lleguen a ocupar cargos públicos.
El abogado señaló que esta discusión corresponde al ámbito legislativo y que cualquier modificación debería realizarse respetando las garantías del debido proceso. Mientras tanto, en el caso de Susy Aponte, la investigación continúa con el objetivo de determinar quiénes participaron en la planificación y ejecución del asesinato, quién habría financiado el operativo y, principalmente, cuál fue el móvil que llevó a ordenar el crimen.